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En Venezuela, los golpistas siguen no siéndolo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se negó ayer por segunda vez a enjuiciar por rebelión militar a los cuatro ex jefes militares involucrados en el efímero golpe de Estado del 12 de abril, que removió de su sillón presidencial a Hugo Chávez durante 47 horas. Chávez, en simultáneo a la sesión del tribunal, ratificó que fue víctima de un golpe y llamó a la defensa de la “revolución bolivariana” contra “quien sea y contra lo que sea”, mientras 80 partidarios exigían la prisión de los militares, contenidos por 1700 efectivos de la Guardia Nacional rodeando las inmediaciones del tribunal. Hay indicadores desfavorables sobre el futuro del caso: el nuevo ponente elegido por el TSJ, Franklin Arriechi, es un opositor de Chávez, y se inclinaría por el no.
Once de los 20 magistrados del TSJ, reunidos en sala plena, rechazaron o se abstuvieron ante la ponencia del juez supremo, Alejandro Angulo Fontiveros, en lo que fue otra derrota para el fiscal general, Isaías Rodríguez. El presidente del TSJ, Iván Rincón, aseveró que no han recibido “ni presiones políticas, ni violentas, vengan de donde vengan”, tras el anuncio de la decisión del ente de designar a un nuevo magistrado, Franklin Arriechi, quien según los defensores de los militares no es partidario del juicio por rebelión militar, para que elabore un fallo que deberá discutirse en sala plena la semana entrante, antes del receso judicial del 15 de este mes. Por lo tanto, el nuevo ponente tiene cinco días para elaborar su caso. Arriechi está vinculado a Luis Miquilena, antes mano derecha de Chávez, hoy opositor.
El miércoles de la semana pasada, en medio de disturbios en las adyacencias de la sede judicial, sólo ocho de los 20 magistrados aprobaron abrir juicio a los militares y el resto se abstuvo, rechazando de hecho una primera ponencia del magistrado Luis Martínez para iniciar un proceso por rebelión militar. Los cuatro altos oficiales sometidos al tribunal son el general de División Efraín Vásquez, ex comandante del Ejército; el general de Brigada Pedro Pereira, ex Jefe del Estado Mayor Unificado de las Fuerzas Armadas (CUFAN); el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, ex jefe del Estado Mayor de la Armada, y el contraalmirante Daniel Comisso Urdaneta. Vásquez solicitó la renuncia del presidente Chávez en los acontecimientos de abril y, según una boleta de encarcelamiento presentada por la Fiscalía, ordenó arrestar al mandatario, mientras Héctor Ramírez Pérez fue designado ministro de Defensa del efímero gobierno que instaló el empresario Pedro Carmona tras el golpe. Los acusados se defienden alegando que el 12 de abril no hubo golpe de Estado al no haber uso de armas de fuego, y además su actuación fue reactiva a un anuncio del entonces inspector general del ejército de que el presidente Chávez había renunciado.
Ayer hubo un breve tiroteo entre adversarios y simpatizantes de Chávez en las adyacencias de la sede del TSJ; unos 80 chavistas estaban congregados desde la mañana de ayer en las cercanías del tribunal, en medio de un cerco efectuado por la Guardia Nacional militarizada, y un segundo anillo en las adyacencias de la policía municipal del Distrito Libertador. El ex agregado militar de Venezuela en Washington, general Enrique Medina –investigado por los hechos de abril– instó vía carta a los militares a combatir a las milicias que han aparecido recientemente. Un caso misterioso es un nuevo grupo paramilitar que se hace llamar “Carapaica”.