Sorpresa, estupor, indignación fueron algunos de los sentimientos que recorrieron el país al conocerse la noticia de que el juez chileno Orlando Alvarez había fallado negando la extradición del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por los doce cargos de corrupción y violaciones a los derechos humanos por los cuales lo solicita la Justicia peruana. Fue un fallo inesperado, especialmente luego de que hace un mes la fiscal chilena Mónica Maldonado emitiera un contundente dictamen favorable a la extradición. Incluso los propios fujimoristas admitieron que la decisión del juez Alvarez los había sorprendido. La Procuraduría Anticorrupción del Perú apelará ante la Sala Penal de Corte Suprema de Chile este fallo que absuelve a Fujimori, por lo que la suerte final de Fujimori está ahora en las manos de los cinco magistrados de esta Sala Penal que deberá dar el fallo definitivo. Por ahora, el ex presidente peruano permanece bajo arresto domiciliario en su lujosa vivienda de la zona de Chichurro, al norte de Santiago.

Alfredo Echeverri, abogado del Estado peruano en Chile, calificó el fallo de Alvarez como “un baldazo de agua fría”, pero aclaró que “todavía falta el fallo definitivo”. Por su parte, en Lima la ministra de Justicia, María Zavala, señaló que “se ha perdido una batalla pero no la guerra”. El presidente Alan García no quiso pronunciarse sobre el tema y el canciller José Antonio García Belaunde se limitó a decir que el gobierno peruano respeta el fallo de la Justicia chilena. El gobierno de García ha sido duramente criticado por guardar silencio sobre el tema Fujimori y no respaldar el proceso de extradición. Este cuestionado silencio coincide con el acercamiento del gobierno con el fujimorismo y la convocatoria a puestos importantes del gobierno de ex colaboradores del régimen de Fujimori. La sensación que queda es que para el gobierno peruano, o al menos para buena parte de sus miembros, esta derrota jurídica en el caso Fujimori es una de esas derrotas que se celebran en silencio.

El juez Alvarez basa su fallo absolutorio en el supuesto de que no está probada la participación de Fujimori en los crímenes que se le imputan. De esta forma, el juez chileno recoge el argumento de la defensa de Fujimori de que éste, quien gobernó de manera autoritaria durante una década, desconocía las operaciones criminales del escuadrón de la muerte Colina, formado y protegido por su gobierno, que también estuvo al margen de la extendida corrupción que marcó su régimen. Un argumento que suena inverosímil tratándose de un presidente autoritario que concentró en sus manos todos los hilos del poder. “Este fallo va en contra de todos los criterios jurídicos sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente. Desde Nuremberg la responsabilidad de un jefe de Estado se determina por el principio del control y dominio de los hechos. Ese fue el criterio usado para juzgar a los miembros de la junta militar de Argentina. El juez Alvarez no ha tomado en cuenta este criterio universal. Los jefes de Estado nunca dan órdenes escritas para asesinar. Está probado que Fujimori tenía el control de los hechos porque había una cadena de mando que él encabezaba. Esperamos que la Corte Suprema de Chile rectifique este fallo que consagra la impunidad”, le señaló a Página/12 Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Fujimori recibió la noticia cuando estaba acompañado por su hija Keiko, actual congresista. Ambos celebraron el fallo en primera instancia de la Justicia chilena, que si bien no significa la absolución definitiva de Fujimori, le otorga a éste una importante victoria jurídica que lo aleja de su extradición al Perú, donde lo espera una posible condena de hasta 35 años de prisión. Luego del fallo en su contra de la fiscalía chilena, Fujimori inscribió su candidatura al Senado de Japón para las elecciones parlamentarias que se realizarán este 29 de julio, en una maniobra para evitar su extradición, que entonces parecía muy cerca, amparándose en la protección del Japón. La prensa chilena ha especulado de la existencia de presiones de Japón sobre Chile para que no extradite a Fujimori, quien tiene la nacionalidad japonesa. El gobierno de Michelle Bachelet ha negado estas presiones y ha señalado que el tema es de exclusiva responsabilidad de los tribunales de su país.

“Tomo esta resolución, junto a mi familia, con alegría pero a la vez con prudencia”, dijo Fujimori en un comunicado. En Lima, los dirigentes de su partido parecieron volver a la vida, después de la profunda desazón en la que habían caído desde que se conoció el fallo de la fiscal Maldonado. Mientras los fujimoristas celebraban, sus víctimas protestaban frente a la Embajada de Chile en Lima. “Es un fallo aberrante que consagra la impunidad a un violador de los derechos humanos. Creemos que ha habido presión de Japón para salvar a Fujimori. Expresamos nuestra protesta contra la Justicia chilena, pero también contra el gobierno peruano que nunca apoyó este proceso de extradición y este fallo es la consecuencia de ese desinterés del gobierno de García”, le dijo a Página/12 Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta asesinados en 1992 por el Grupo Colina. Entusiasmado con la noticia del fallo del juez Alvarez, el congresista Santiago Fujimori, hermano del ex presidente, señaló que esto le abría las puertas a su hermano para que sea candidato presidencia en 2011. Pero si Fujimori regresa al Perú sería detenido y juzgado, aunque Chile haya negado su extradición. “Si la extradición se niega en forma definitiva, Fujimori solamente podrá vivir en Chile o en Japón, porque la orden de captura en su contra seguirá vigente en todos los otros países del mundo”, precisa Francisco Sobreño.