La marcha antigubernamental más grande que se haya visto desde los días previos a la caída de Alberto Fujimori en el año 2000 desbordó las calles de Lima y paralizó prácticamente todo el sur del Perú y buena parte del centro.

Las demandas de los distintos sectores levantados contra el gobierno abarcan un amplio abanico, que incluye pedidos de aumentos salariales, exigencias por el reconocimiento de derechos laborales eliminados, el temor de los maestros por una nueva ley que, aseguran, abrirá las puertas a los despidos y por las restricciones dictadas por el gobierno a su derecho de hacer huelgas, la defensa de las comunidades indígenas del medio ambiente que es afectado por la actividad minera, el rechazo de los campesinos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que permitirá el ingreso de productos agrícolas norteamericanos subsidiados, las demandas regionales por obras públicas, la oposición al retiro de los beneficios tributarios que tenían las regiones de la selva, entre otras series de demandas de tipo gremial y regional. Pero todas confluyen en un mismo punto: el rechazo a la política económica neoliberal y la exigencia de un cambio de rumbo que permita distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico del cual se ufana el gobierno pero que no llega las mayorías.

La de ayer fue una jornada de protesta masiva que pone al gobierno frente a su peor crisis a pocos días de cumplir un año. El martes el gobierno ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en un claro gesto que buscaba amedrentar a quienes pensaban salir al día siguiente a protestar a las calles. El primer ministro, Jorge del Castillo, hizo evidente la amenaza. “Guerra avisada no mata gente”, advirtió, al tiempo que precisaba que los militares tenían orden de disparar si lo consideraban necesario. Pero la militarización anunciada por el gobierno no logró tumbarse las protestas. Unas 40 mil personas marcharon pacíficamente por las calles del centro de Lima. Los militares habían sido concentrados para custodiar las instalaciones públicas, mientras la policía vigilaba de cerca a la multitud.

Aunque el gobierno había anunciado que se preparaban actos de terroristas, con lo que justificó la orden de sacar las FF.AA. a las calles, salvo algunos incidentes en el interior del país, la protesta fue pacífica. El grueso de la protesta estaba integrado por los maestros en huelga hace una semana. El martes el gobierno había asegurado que la protesta se limitaba a “una minoría radicalizada” y el presidente García había calificado a quienes cuestionan su régimen de “suicidas, locos y picones (malos perdedores)” y a los maestros, de “ociosos”. La agresividad verbal del presidente y de sus principales funcionarios incentivó más la protesta.

“Ahora que digan que somos minoría”, coreaba la multitud que marchaba por el centro de Lima. Y los maestros respondieron los ataques de Alan García con consignas como “Alan, ocioso nunca trabajaste, nos robaste y te fugaste”, recordándole al presidente las denuncias de corrupción con las que terminó su primer gobierno (1985-90) y su posterior autoexilio en París. “Policía amigo, tu olla está vacía, como la mía”, gritaba la multitud a los policías que vigilaban la marcha, que culminó con un mitin en la Plaza San Martín, en el cual uno de los oradores fue Ollanta Humala, el candidato presidencial que perdió en segunda vuelta contra García.

Hubo una larga lista de oradores, pero todos coincidieron en exigir el cambio de la política neoliberal y el cumplimiento de las promesas electorales que hizo García durante la campaña electoral, como, por ejemplo, restituir los derechos laborales, imponer un impuesto a las sobreganancias de las transnacionales mineras, renegociar el TLC con Estados Unidos, eliminar la Constitución fujimorista de 1993 y restituir la de 1979, entre otras promesas electorales que el presidente García ha olvidado.

“El gobierno ha sido rebalsado por las protestas sociales y ha sido incapaz de responder políticamente. Las protestas tienen su origen en la pérdida de derechos laborales e ingresos de los trabajadores, algo que viene de hace 20 años, y que García ofreció corregir pero no lo ha hecho. Sus insultos a los que protestan y el llamando a las FF.AA. reflejan el rumbo autoritario del gobierno”, le señaló a Página/12 Carlos Reyna, el politólogo y profesor de la Universidad Católica. “Estas protestas sociales son muy serias. Al gobierno todavía le quedan cuatro años y las perspectivas no son nada buenas”, señala Martín Tanaka, analista político del Instituto de Estudios Peruanos.