En una medida sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) removió al representante venezolano, Freddy Gutiérrez, de sus cargos como relator de Trabajadores Migrantes y sus Familias, y para El Salvador, Panamá y Uruguay. Los otros seis miembros de la comisión, que votaron de forma unánime esta semana, argumentaron que Gutiérrez había cuestionado reiteradamente a la OEA y a la CIDH. “Abusó reiteradamente de su posición como relator para atacar la integridad institucional y la imparcialidad de la CIDH y sus miembros, e hizo declaraciones falsas sobre asuntos y casos pendientes ante la comisión”, aseguraron sus compañeros. que aunque le quitaron sus relatorías no lo pudieron expulsar de la comisión.

Actualmente la CIDH está compuesta por representantes de Paraguay, Brasil, El Salvador, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Su decisión de remover a Gutiérrez tiene un gran significado político, no sólo porque es la primera vez que sucede algo así en la OEA, sino porque al representante venezolano le quedaban menos de seis meses para terminar su mandato. Los antecedentes que citó como justificación la comisión se retrotraen al menos a tres años. El más grave, sostuvieron los seis comisionados, fue durante un seminario en Oaxaca, México, en 2005. Frente a un público de diferentes países del continente, Gutiérrez se dirigió al gobierno oaxaqueño y le sugirió que no acatara las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que tenían como objetivo proteger a un líder indígena local. Por su parte, el representante venezolano cuestiona el poder y la discrecionalidad del secretario de la comisión, Santiago Cantón. Gutiérrez, un ex diputado comunista designado por Hugo Chávez a finales de 2003, restó importancia a los antecedentes que presentaron sus compañeros y prefirió responsabilizar de su salida a Cantón, quien mantiene muy buenas relaciones con las organizaciones de derechos humanos de Washington. Según aseguró ayer Gutiérrez, lo que estuvo detrás de la decisión fue la disputa entre el Palacio Miraflores y la Casa Blanca. “Es imposible negar que eso está planteado en el fondo”, sostuvo. El gobierno venezolano mantiene una relación tirante con la OEA desde el golpe de Estado que lo sacó del poder durante 48 horas en 2002. De vuelta en el poder, Chávez calificó de tibia la posición que había tenido la institución, con sede en Washington, frente al golpe y al gobierno de facto del empresario Pedro Carmona. Desde ese momento, y con Cantón como el entonces relator especial para la Libertad de Expresión, la OEA comenzó a cuestionar la falta de libertades en Venezuela, principalmente los supuestos hostigamientos a los periodistas opositores. Cantón fue el funcionario de la OEA que más impulsó las críticas de la institución en el caso de RCTV, el canal opositor venezolano al que Chávez decidió no renovarle la concesión y sacarlo del aire en mayo pasado.