Desde Washington

Después de múltiples condenas del Congreso y del Tribunal Supremo, incluso después de una rectificación formal del presidente, George Bush, el gobierno norteamericano ha seguido autorizando el uso de torturas contra detenidos por medio de documentos secretos emitidos por el Departamento de Justicia y conocidos por la Casa Blanca. Según la información publicada el jueves en exclusiva por el diario The New York Times, y no desmentida oficialmente, esos documentos fueron elaborados en tiempos de Alberto Gonzales en la fiscalía general y siguen todavía en vigor.

El periódico afirma, citando a funcionarios que tuvieron información sobre este asunto, que las autorizaciones hechas en secreto por el Departamento de Justicia suponen “un masivo respaldo de las más crueles técnicas de interrogatorio jamás usadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)”.

Esas autorizaciones daban luz verde para que los presos interrogados en las cárceles secretas de la CIA en Africa, Asia y el este de Europa pudieran ser sometidos a castigos, como golpearlos en la cabeza, simular intentos de asfixia, someterlos a temperaturas heladas o dejarlos en largos períodos de aislamiento. Similares técnicas podrían haber sido utilizadas, de acuerdo con los permisos emitidos, en Guantánamo.

La administración norteamericana suspendió formalmente en diciembre de 2004 los poderes que el presidente Bush había concedido después del 11-S para utilizar las más extremas técnicas de interrogatorio contra los sospechosos de terrorismo. Poco después de la llegada de Alberto Gonzales al Departamento de Justicia, en febrero de 2005, empezaron a autorizarse en forma secreta los métodos que oficialmente se rechazaban.

Los argumentos legales para autorizar las torturas fueron escritos por Steven Bradbury, que desde 2005 ocupa la poco conocida pero muy influyente Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia, cuya misión es sencillamente la de asegurarse que la actuación del gobierno está dentro de la ley.

Con Gonzales como fiscal general, sin embargo, tanto la oposición demócrata como varios expertos aseguran que la Oficina de Consejo Legal y todo el Departamento de Justicia se convirtieron en un mero instrumento al servicio de la controvertida política de la administración en su lucha contra el terrorismo. De hecho, fue finalmente la acumulación de pruebas sobre la actitud servicial de Gonzales ante el presidente y, sobre todo, ante el vicepresidente Dick Cheney, la que lo obligó a dimitir el mes pasado.

Aun así y pese a las obstáculos que implicaban la Convención de Ginebra y las leyes que el Congreso aprobó en 2005 y 2006 contra el “trato cruel”, la administración trató de seguir adelante con su política original. Según un experto en interrogatorios de la CIA, Paul Kelbaugh, las técnicas aplicadas hasta ese momento “habían permitido obtener muy buena información” y el gobierno no quería renunciar a ellas. Necesitaba, sin embargo, la base legal para justificarlas. Ahí es donde entran en juego Gonzales, un viejo amigo de Bush, y Steven Bradbury. Este último asegura a los periodistas del Times que firman esta exclusiva que nunca actuó por presiones de la Casa Blanca. Pero lo cierto es que sus opiniones, emitidas en secreto desde su oficina, son las que dieron pie a que las torturas siguieran siendo admitidas. Bradbury aconsejó, entre otras cosas, al presidente que los métodos de interrogatorio de la CIA no contradecían las condiciones impuestas por el Congreso ni la Convención de Ginebra.

Fue seguramente esa base legal sobre la que Bush dictó en julio un decreto en el que autorizaba a la CIA el uso de métodos de interrogatorio prohibidos por el ejército. Aunque nunca se informó, porque no está obligado a hacerlo, qué métodos eran ésos, es fácil deducir ahora que los métodos autorizados son las torturas que el Departamento de Justicia había considerado previa y secretamente legales.

* De El País de España. Especial para Página/12.