El fallo del juez Carlos Cerda fue sin dudas el golpe más duro que ha sufrido el círculo íntimo y los antiguos aliados del dictador Augusto Pinochet. Para el reconocido abogado chileno de derechos humanos Manuel Garretón la sentencia demostró que no sólo ya no hay lugar en la arena política para los que se siguen identificando con orgullo como pinochetistas, sino que la Justicia también se está poniendo al día. A sólo unas horas de descorchar la botella de champagne que esta mañana le pidió a su esposa que pusiera en la heladera, el abogado habló con Página/12 y destacó que, a pesar de los avances, la Justicia chilena todavía carga con una gran deuda. “El pinochetismo cultural y civil está más vivo que nunca, porque los civiles que dirigieron junto a los militares la dictadura nunca fueron cuestionados ni juzgados”, aseguró.

Pero la conversación telefónica con Garretón no empieza con críticas. “Estamos ante un fallo inédito y, más importante aún, ante quizás el mejor juez de la historia chilena”, sentenció sin dudar el abogado de derechos humanos. Garretón no es del todo imparcial al hablar del juez Cerda, un amigo suyo y un aliado en la lucha por la verdad sobre los crímenes de la dictadura pinochetista. Sin embargo, el currículum de Cerda habla por si sólo. El juez chileno fue el primero en pedir una orden de arresto masiva contra militares por delitos de lesa humanidad. En 1986, en plena dictadura, ordenó la detención de 40 miembros activos y retirados de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, entre ellos Gustavo Leigh, el ex comandante de la Fuerza Aérea que lideró junto con Pinochet el golpe de 1973. Por supuesto, la Corte Suprema rechazó la orden y le ordenó a Cerda que hiciera valer la ley de amnistía, autoimpuesta por el dictador durante su reinado. Los tiempos eran otros. Sin embargo, el juez chileno se negó y fue sancionado con dos meses de suspensión.

Hace apenas unas semanas, la historia parecía repetirse para Cerda. La defensa de la familia y los aliados del dictador habían recusado al juez, logrando dilatar la causa durante varios meses. Pero los tiempos finalmente habían cambiado. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los argumentos de los pinochetistas y respaldó al ahora popular magistrado. “Se está empezando a ver una nueva generación de jueces. Hoy ya es casi imposible perder 3 a 0 en la Corte de Apelaciones de Santiago”, explicó Garretón, recordando que durante años fue el principal freno de las causas de derechos humanos.

A la hora de valorar el fallo de ayer, Garretón repite una y otra vez que lo inédito es que esta vez no sólo se involucra a la familia directa del dictador y a sus cómplices militares, sino también a algunas importantes figuras civiles del régimen pinochetista. “Por primera vez se procesa y arresta a abogados”, resaltó. Uno de ellos es emblemático, asegura. Ambrosio Rodríguez no sólo fue uno de los abogados líderes del equipo jurídico del dictador, sino que actualmente es miembro del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, el partido de Sebastián Piñera, que desde hace varios años se presenta como la derecha renovada, no golpista y crítica de los crímenes del pinochetismo.

Desde el principio de la democracia, Garretón denunció la complicidad de cientos de civiles con el terrorismo de Estado. “Los jueces todavía no han asumido el tema porque ningún civil tocó sangre con sus manos en esos años. Sin embargo, ellos eran los que daban las órdenes. Al fin de cuentas, los militares fueron puestos ahí para establecer un programa económico, que dirigía y beneficiaba a un grupo de civiles”, sostuvo. Para el abogado, la dictadura chilena se nutrió de muchos más burócratas y dirigentes políticos que los regímenes de facto vecinos. “Esos cómplices civiles siguen hoy metidos en la clase política chilena, en el Congreso. No se dicen pinochetistas e intentan desvincularse de los crímenes de la dictadura, pero en el fondo continúan justificándola”, agregó.

Haciendo esa aclaración, Garretón está convencido de que el núcleo más duro del pinochetismo, ese que se sigue animando a reconocerse como tal en público, está contra las cuerdas. Las pruebas, dice, son inapelables. Hay cerca de 700 policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos y los últimos años cuatro ya se han suicidado para evitar ir a la cárcel, mientras que dos oficiales ya han optado por fugarse. Uno de ellos, ex jefe de la DINA, fue encontrado pocos meses después. El segundo todavía sigue prófugo. Ayer por la tarde un grupo de oficiales retirados y de simpatizantes del antiguo régimen de facto convocaron a una marcha para repudiar el fallo. Lejos de los miles que se reunieron para los funerales del dictador en diciembre pasado, ayer en Santiago el pinochetismo se había reducido a apenas un centenar de personas.