“El brazo largo de la Justicia alcanza a todos al final.” El viejo axioma utilizado por ayer por el ministro portavoz de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, no pudo graficar de mejor manera el sentir de gran parte de los chilenos, que vieron cómo el clan Pinochet ganaba espacio a los raquíticos programas de la farándula matinal chilena: el juez Carlos Cerda procesó y ordenó la detención de 23 personas –civiles y militares–, entre ellos los cinco hijos del difunto dictador Augusto Pinochet Ugarte y su viuda, la señorona Lucía Hiriart, por el delito de malversación de caudales públicos. Así, a casi un año de la muerte del dictador más conocido en esta parte del mundo, su más cercano círculo de hierro tambalea, mientras sus cenizas aún no pueden descansar en paz. Quizá nunca lo hagan. Robar también es pecado.

El dictamen del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, es el corolario de la investigación que se inició por el hallazgo de una millonaria cuenta secreta del ex dictador en el banco Riggs de Estados Unidos y que fue desnudando un eventual uso irregular de recursos desde la Casa Militar y métodos ilegales de Pinochet para hacerse rico, pues, como indica el fallo, no está claro “el origen de 20.199.753,03 dólares, lo que hace presumir que se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército”.

Temprano también habló Michelle Bachelet. “Nadie en Chile puede creer que se puede no cumplir con las órdenes de la Justicia o estar sobre la justicia. Hay que tener tranquilidad y esperar los sucesos, pero me parece que en un país donde hay estado de Derecho, la Justicia tiene que cumplir su rol”, dijo tajante la presidenta.

La resolución del juez Cerda le cayó como anillo al dedo a la mandataria –por más que Lagos Weber se apurara en descartar esa maniobra–. Esto tomando en cuenta que la aprobación pública de la presidenta socialista está por los suelos y, obviamente, la detención de los Pinochet hará olvidar –por un rato– el fiasco del Transantiago, las peleas entre el gobierno y los empresarios y el desorden generalizado en la Concertación. Tesis que ya fue recogida por la ultraderechista Unión Demócrata Independiente.

En ese escenario, si bien la muerte sobreseyó a Pinochet, no sucedió lo mismo con quienes incurrieron en estos ilícitos. El dictamen fue rotundo: “un grupo de personas que durante años tuvo a su cargo fondos de gastos reservados pertenecientes al erario nacional, en depósito, los sustrajo, conducta sancionada con la pena de presidio mayor en su grado medio, multa, inhabilitación absoluta temporal e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos”.

“Me voy con lo que llegué”, fue una de las últimas declaraciones públicas de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, quien legalmente tuvo ingresos del Ejército de Chile, dieta como senador de la República y pensión como ex presidente de la República. “Sin embargo, el saldo es negativo, es decir, los egresos fueron superiores a los ingresos y/o rentas percibidas de fuentes conocidas y legales. Hasta 1982 el saldo favorable acumulado de años anteriores era capaz de sustentar los egresos. En 1989 el déficit sumó 869.892.026 pesos, progresando hasta alcanzar la cifra inicialmente indicada”, destaca el fallo.

Con los antecedentes hechos públicos, el ministro de Justicia chileno, Carlos Maldonado, rayó aún más la cancha a la otrora familia más poderosa de Chile. “No habrá privilegios ni medidas especiales”, sostuvo y de paso dejó claro que La Moneda no soltará este regalito inesperado.

En esta misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, el demócrata cristiano Patricio Walker, puso más pimienta al asunto, cuando declaró que “en Chile no hay personas de primera y segunda categoría”, mandando un mensaje directo a los tribunales.

Marche preso

Disipado el polvo que levantó la orden de encarcelamiento para los vástagos de quien gobernara de facto Chile entre 1973 y 1990, se fueron conociendo detalles de las detenciones. Los cinco pinochetitos: Augusto, Lucía, Marco Antonio, Jacqueline y Verónica Pinochet Hiriart, al igual que los civiles y militares involucrados, fueron notificados en la mañana por la Policía de Investigaciones, que sólo 12 horas antes habían sido informados de las órdenes de Cerda. El sigilo era clave.

Luego, a los miembros del clan los derivaron al cuartel de Borgoño, en la nada exclusiva comuna de Independencia. Uno a uno fueron dejando las comodidades de La Dehesa, el pituco barrio que los protege del pueblo, y llegaron a la jefatura. Eso si, faltó una, la jefa, Lucía Hiriart y su luto eterno. La ex primera dama, como le gusta que llamen, de 84 años, fue enviada al Hospital Militar (donde fue notificada), luego de sufrir un problema de presión y no se descarta que quede con arresto domiciliario en ese centro asistencial, el mismo donde murió su marido. No hace mucho la señora se vio en público. Siempre de riguroso negro. Reía de buena gana con un humorista que se mofaba de Michelle Bachelet. Ayer la impresión fue distinta para la octogenaria.

A Independencia también llegaron los de siempre: los partidarios del genocida, arrastrando cada vez con más dificultad ese rancio tufillo fascistoide, y los detractores que celebraron tal como lo hicieron en diciembre de 2006, cuando el nonagenario militar dejó de respirar. No eran muchos, pero ahí estaban marcando una división que no se acaba.

El clan

Entre la larga lista de detenidos, se destacan también el ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken, su abogado, Ambrosio Rodríguez, su ex secretaria privada, Mónica Ananías, y los generales en retiro Jorge Ballerino y Guillermo Garín. También Juan Ricardo Mac-Lean Vergara, coronel del ejército en servicio activo y Patricio Salvador Madariaga Gutiérrez, hermano de la ministra de Justicia del gobierno militar, la temible Mónica Madariaga.

Al cierre de esta edición, los Pinochet Hiriart comenzaron a cumplir la pena. Augusto y Marco Antonio fueron trasladados a la cárcel Santiago I. Mientras, Lucía, Jacqueline y Verónica, al Centro de Orientación Femenino, en la populosa comuna de San Joaquín. ¡Que horror! (léase arrugando la nariz). Respecto a doña Lucía, su abogado Pablo Rodríguez Grez aseguró que presentará un recurso de amparo por ella y su familia, pues a su juicio “la resolución es ilegal y abusiva”. El director de Investigaciones, Arturo Herrera, reveló que todos los familiares del fallecido militar han prestado colaboración. Claro, ya no está el papito para defenderlos.