Se terminaron los partidos shopping en Brasil. Así lo dispuso la Corte Suprema al fallar que las bancas parlamentarias pertenecen a los partidos y no a los legisladores. Eso significa que los dirigentes brasileños ya no podrán cambiarse de fuerza en el medio de su mandato, una tradición aceptada hasta ayer en Brasilia. Desde la última elección legislativa, 45 de los poco más de 500 diputados se cambiaron de partido, uno de ellos hasta seis veces. Según el fallo del tribunal supremo, todos aquellos que lo hicieron después del mes de marzo podrían ser procesados y penalizados. El fallo de la Corte Suprema confirmó una sentencia del Tribunal Supremo Electoral del 27 de marzo pasado. En aquella oportunidad, tres partidos opositores –el Popular Socialista, el Social Demócrata y el Demócrata– le habían pedido al tribunal que les devolviera las bancas de los legisladores que habían ingresado al Congreso a través de sus listas y luego se habían cambiado de fuerza política. Los jueces electorales terminaron fallando a favor de los partidos y establecieron que de ahora en más los candidatos deben jurar fidelidad partidaria durante sus mandatos.

La sentencia de la Justicia Electoral se transformó rápidamente en letra muerta hasta que el caso llegó a la Corte Suprema. Se estima que entre 16 y 17 legisladores volvieron a cambiar de partido desde finales de marzo. Ellos serán los principales perjudicados de la votación de ayer en el tribunal supremo. Por ocho votos a tres, la máxima instancia judicial del país determinó que todos aquellos que salten el cerco partidario podrán ser denunciados ante el Tribunal Supremo Electoral. Irónicamente, durante el debate de ocho horas previo al anuncio del fallo, el secretario general del Partido Socialista Democrático de Brasil (PSDB), Eduardo Paes, informaba a la prensa su paso a una fuerza progubernamental, el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB).

Los analistas brasileños coincidían ayer en que el fallo de la Corte fue el primer paso de una reforma política largamente prometida por los políticos. Para los opositores que impulsaron el fallo, el gran perjudicado es el oficialismo. “Frena las intenciones del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de intentar vaciar a la oposición, captando parlamentarios con promesas de cargos”, señaló el diputado Onyx Lorenzoni del Partido Demócrata. Según sostiene la oposición, el gobierno ha utilizado partidos nuevos para cooptar legisladores de otras fuerzas y sumarlos a su base aliada.

Consciente de estas acusaciones, Lula se cuidó de no cuestionar el fallo de la Corte. “No cabe al presidente de la República decir si la Corte acertó o se equivocó. Tenemos que respetar, acatar y hacer cumplir”, sostuvo el mandatario. Sin embargo, en medio de un acto en Florianópolis dejó deslizar una crítica. “Esas cosas deben construirse con las personas siendo candidatas y sabiendo las reglas”, aseguró. O, en otras palabras, que las reglas se tienen que cambiar antes de una elección y no después. A la hora de justificar su decisión, los jueces de la Corte intentaron destacar algunos casos extremos que demuestran al nivel que han llegado los pases en el Congreso. Uno de los magistrados citó en su argumentación el caso de un legislador, Hidekazu Takayama, quien desde el año pasado, cuando fue electo por primera vez para el Congreso, ya tuvo una participación furtiva en seis partidos.