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El brazo político de la ETA dejó de existir. Por la vía judicial, el partido radical vasco Batasuna quedó ayer oficialmente ilegalizado por tres años. Ya no podrán funcionar sus oficinas, no podrá hacer más propaganda política, y la única actividad legal en pie será la de sus funcionarios electos, quienes podrán finalizar sus mandatos. Todo esto lo decidió ayer, en un fallo de 375 páginas, el juez español Baltasar Garzón, basándose en documentos que prueban que Batasuna, que en las últimas elecciones regionales obtuvo el 10 por ciento de los votos, está al servicio de la organización separatista vasca, y que por lo tanto puede ser condenada por “terrorismo” y por crímenes de lesa humanidad. Para después de los tres años de esta medida, ya se inició la vía política: el Congreso español aprobó ayer, por una amplia mayoría, el comienzo de la ilegalización definitiva de Batasuna. Funcionarios, dirigentes y simpatizantes ocuparon las sedes del partido en todo el País Vasco “para resistir el ataque fascista” y los abogados de Batasuna dijeron que apelarán el fallo de Garzón. Sin embargo, la reacción que más se teme es la de la propia ETA, bajo la forma de atentados.
Una vez que la orden de Garzón fue comunicada a los representantes legales del partido, las medidas, prorrogable dos años además de los tres estipulados, entraron inmediatamente en vigor, aunque ninguna policía, ni la vasca (Ertzaintza) ni la española, las hizo por el momento efectivas. El mix legal –basado en el artículo 129 del Código Penal español que permite a un juez de instrucción suspender provisionalmente por un máximo de cinco años las actividades de una asociación, fundación, empresa o sociedad en el marco de la investigación de un delito– incluye: suspensión de todas las actividades públicas, privadas, orgánicas e institucionales de Batasuna o del nombre con que lo reemplace; clausura de sus locales o establecimientos, como las “herriko tabernas” (tabernas populares); prohibición de organizar manifestaciones o mítines; incautación provisional de todos los elementos de su patrimonio –cuentas bancarias y subvenciones– que ya estaban afectados por un embargo que el mismo juez dispuso en el marco de su instrucción sobre la violencia urbana (“kale borroka”).
En los fundamentos del fallo, Garzón precisa que la ETA cometió a lo largo de su historia 3.391 ataques, que causaron 836 muertos y 2.367 heridos, a lo que hay que añadir otras 3.761 acciones de “kale borroka” entre 1991 y 2002. Y como el juez dice tener las pruebas de la completa identificación de Batasuna con ETA, procedió a su ilegalización. Lo único que no afectará es el mandato de los diputados regionales y concejales de Batasuna. Los abogados del movimiento sostuvieron que la apelación al fallo aludirá a la incompetencia del juez, la falta de acusaciones contra una persona determinada, como establece el derecho penal, y la ausencia de notificación a Batasuna de los informes policiales que la relacionan con la ETA.
“Las siglas pueden ser ilegalizadas, pero las ideas y los proyectos políticos se encarnan en hombres y mujeres que viven y trabajan en este país, y eso es imposible de detener”, declaró ayer el portavoz de Batasuna y ex miembro de ETA, Arnaldo Otegi. Desde San Sebastián, una de las principales ciudades vascas, uno de los siete diputados regionales de Batasuna, Joseba Alvarez, dijo desde la sede del partido que “esperamos a la policía y cuando lleguen, nos pondremos delante de la puerta y les diremos que no pueden entrar”. Alvarez pidió públicamente al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el poder en el País Vasco que no envíe a la Ertzaintza para cerrar la sede de Batasuna. “El PNV ha votado contra la Ley de Partidos y no hay razón para implicar a la Ertzaintza”, declaró.
Alvarez estaba tratando de explotar la tensión entre los dos principales partidos españoles (el Partido Popular, PP, y el Socialista, PSOE) y el PNV acerca de la resolución de la cuestión vasca, que de otro modo alude también a los diversos nacionalismos que atraviesan a España. Esto se reflejó en la votación en el Congreso de los Diputados. De los 334diputados presentes en el recinto, 295 votaron a favor de la moción que recomienda al gobierno iniciar el proceso judicial de ilegalización definitiva de Batasuna ante el Tribunal Supremo español: eran los diputados del PP y el PSOE, más la Coalición Canaria y el Partido Andalucista. Los 10 diputados que votaron en contra fueron del PNV, Eusko Alkartasuna (EA, vasco), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC), y los 29 que se abstuvieron representan a Convergència i Unió (CiU, el partido oficial catalán), Izquierda Unida (IU), el Bloque Nacionalista Galego (BNG, partido oficial gallego) y Chunta Aragonesista (CHA, partido oficial aragonés).
Los dirigentes populares y socialistas se felicitaron por la medida. El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, dijo que se trataba de una moción “maniquea y simplista”. Añasagasti estimó que “ninguna ideología, ningún objetivo político está por encima de la vida humana, lo sabemos, pero, ¿qué ocurrirá después del próximo atentado? ¿A quién vamos a ilegalizar?”. Además de los atentados, varios analistas consideran que el peligro principal de esta medida es hacer popular a la ETA dentro del País Vasco.