Organizaciones de derechos humanos festejaron ayer el pedido de prisión para el ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez. El lunes, la fiscal Mir-tha Guianze solicitó el procesamiento del represor por su presunta participación en la desaparición forzada de personas mediante traslados clandestinos de prisioneros uruguayos desde Buenos Aires. Al ser utilizada por primera vez la figura legal, ahora puede sentar precedente la causa por la cual también fueron implicados otros dos militares. En tanto, la Justicia estudia el caso para luego convocar a Alvarez nuevamente y resolver su situación.

Luego de enterarse de la noticia, el abogado de los organismos sociales, Oscar López Goldaracena, se sintió reconfortado. La celebración de las asociaciones de desaparecidos se produjo un día después del pedido de procesamiento de Alvarez, acusado de ser coautor del delito de desaparición forzada por traslados clandestinos de prisioneros uruguayos realizados por aire, mar y tierra en 1977 y 1978 desde Buenos Aires.

Con casi 82 años por cumplir el 26 de este mes, el inculpado no es un militar retirado más, sino quien comandó el ejército entre febrero de 1978 y el mismo mes del año siguiente. Pese a pasar a retiro posteriormente, Alvarez se convirtió en septiembre de 1981 en presidente de facto hasta el final de la dictadura en 1985.

Pero la causa tiene una trascendencia mayor al abrir las puertas a futuros fallos por violaciones contra los derechos humanos. “Es la primera vez”, dijo López Goldaracena, en referencia al uso novedoso de la figura de desaparición forzada, un delito que fue incorporado en octubre del año pasado a la legislación uruguaya. Además –recordó–, es un crimen de lesa humanidad y de carácter permanente hasta el hallazgo de los restos de las víctimas.

Si bien no fue difundido oficialmente, el dictamen también podría implicar a otros regímenes militares del Cono Sur al dar cuenta de vínculos operativos para trasladar presos. “Demuestra la existencia de una coordinación represiva entre las dictaduras de la región y deja en evidencia la existencia de un aparato organizado de poder, que implica la responsabilidad del mando jerárquico”, dijo el abogado de DD.HH.

Con la participación de la marina, varios de los traspasos de presos uruguayos desde Buenos Aires se llevaron a cabo por vía fluvial, añadió López Goldaracena. Es por ello que además de reclamar al antiguo jerarca militar, la fiscal Guianze también pidió los procesamientos de los capitanes de navío retirados de la Armada Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebau. Mientras tanto, el abogado estimó que el juez Luis Charles deberá convocar nuevamente a Alvarez y resolver su eventual procesamiento, una vez que concluya el estudio del planteo de la fiscal. Con esto, la decisión podría conocerse antes del 24 de diciembre, cuando comienza la feria judicial mayor, que se extiende durante un mes.