Los gobernadores de cinco de los nueve departamentos de Bolivia, entre ellas la rica y poderosa Santa Cruz, llamaron ayer a la “desobediencia civil” contra un recorte de su presupuesto anual decidido por el presidente socialista Evo Morales para financiar una renta para ancianos. Esos departamentos han chocado con Morales desde que asumió el mando en enero de 2006 debido a que éste se opone a un proceso de autonomías políticas y económicas que las regiones reclaman.

Los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba instruyeron a sus regiones para “iniciar la resistencia democrática que incluye categoría de persuasión y protesta, desobediencia civil e intervención no violenta” de oficinas públicas, según un documento divulgado anoche. La medida adoptada por el Consejo Nacional Democrático (Conalde, que aglutina a las cuatro primeras) sigue la determinación de la administración Morales de recortar hasta en un 56 por ciento los presupuestos regionales provenientes de un impuesto a los hidrocarburos (IDH), para financiar el bono para los ancianos mayores de 60 años.

Los dineros que se recortan a las prefecturas (gobernaciones) fueron redistribuidos además entre los municipios, en una aparente decisión para restar poder a los nueve departamentos, cuatro de los cuales son firmes opositores a Morales. A falta de un pronunciamiento oficial, el viceministro de Coordinación, Héctor Arce, declaró que “no corresponde emitir un ultimátum, estamos en un estado de derecho y las medidas de facto como resistencia civil, autonomía de facto, tomas de oficinas son contrarias al ordenamiento constitucional”. “Hablar y amenazar con medidas de facto, con medidas de resistencia armada, de resistencia civil, con medidas de hecho no es pertinente”, abundó.

Las autoridades regionales, que deliberaron entre el domingo y ayer, acordaron también “iniciar todas las demandas legales contra las autoridades del Gobierno que hayan incumplido las normas vigentes sobre este asunto, pretendiendo confiscar los recursos del IDH a todos los departamentos del país”. Además los prefectos de esas cinco regiones, puntales de la oposición a Morales, acordaron también aprobar una “carta constitucional por todas las instancias sociales que conforman nuestros departamentos, que normará el régimen descentralizado y autonómico”.

Los prefectos rebeldes advirtieron también que en caso “de aprobarse una nueva Constitución Política del Estado al margen de la Ley (en el marco de la Asamblea Constituyente), desconoceremos su vigencia asumiendo la desobediencia civil frente a ella”.

Dichos prefectos, ligados a la oposición de derecha, respaldaron también el pedido de organizaciones civiles del departamento de Chuquisaca de fijar en su capital, Sucre, la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en desmedro de La Paz. Fuertemente polarizada la Constituyente –que fracasó en su intención de reunirse ayer mismo– intenta rearticularse y reanudar sus deliberaciones, luego de tres meses de receso forzado a causa de sus desaveniencias internas.

El documento demanda “a la Asamblea Constituyente para que en su sede legal (Sucre) se debatan todos los asuntos sin exclusión alguna (entre ellas el tema de la sede de los poderes) conforme a la ley. Cuando impera la razón y el derecho, no habrá intento antidemocrático que lo pueda vencer”. “La democracia y el ansia de libertad de mujeres y hombres bolivianos terminarán imponiéndose al totalitarismo. Nuestros pueblos y las naciones del mundo pueden estar seguros, la paciencia tiene un límite y el límite lo ha fijado el pueblo”, señaló el documento.

El pronunciamiento sigue a una denuncia del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de que el gobierno de Morales “planea un autogolpe”, desmentida por el Ejecutivo.