Andrés Manuel López Obrador cumplió un año como “presidente legítimo”, en medio de un cerco mediático que lo invisibiliza, cuando no lo descalifica o lo ridiculiza, llamando a la defensa del petróleo mexicano y los intentos sistemáticos por privatizar la industria petrolera nacional. Pero pocos pudieron apreciar que el movimiento cívico que estalló tras las elecciones presidenciales del año pasado está más que vivo y articulado. Mucho menos se enteraron de las propuestas de la tercera Convención Nacional Democrática (CND) a la que convocó López Obrador, que si bien no reunió a las masas desbordadas que lo acompañaron durante el conflicto poselectoral del año pasado, sí llenó más de las dos terceras partes del Zócalo capitalino.

Y es que la mayoría de los medios (particularmente los electrónicos) se concentró en sobredimensionar un enfrentamiento que se dio entre un grupo que se desprendió del mitin y los feligreses que participaban en una ceremonia religiosa en la Catedral metropolitana, a unos cuantos metros del templete que ocupaba López Obrador. En lugar de eso, podrían haber difundido el llamado de López Obrador en defensa del petróleo y a prepararse para impulsar acciones de resistencia civil pacífica en todo el país, si el gobierno de Felipe Calderón insiste en entregar esa industria a la iniciativa privada, y particularmente a extranjeros. O podrían haber hablado de que la Convención Nacional Democrática aprobó una jornada permanente de movilizaciones contra la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la industria eléctrica. O podrían haber puesto el acento en la convocatoria a una nueva asamblea el 18 de marzo próximo, donde se presentará un informe de una comisión del “gobierno legítimo” integrada para defender la soberanía energética del país.

El pasado domingo, mientras encabezaba un mitin en el Zócalo capitalino, las campanas de la Catedral metropolitana comenzaron a sonar. Un repique de casi quince minutos que interrumpió el discurso de la senadora del PRD Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del movimiento Eureka que reclama la presentación de cientos de desaparecidos durante la guerra sucia en México, en los años ’70 y ’80. Un pequeño grupo se introdujo en la Catedral e increpó al cura que oficiaba una ceremonia religiosa. Se dieron empellones y se rompió algún mobiliario de la iglesia.

En respuesta, el deán de la Catedral, Rubén Avila, calificó el hecho de “acto terrorista”, y el martes un grupo de abogados católicos presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable. Por si fuera poco, la Arquidiócesis de México anunció el cierre de la Catedral “hasta que los gobiernos federal y local garanticen condiciones para el ejercicio de la libertad de culto”. Y mientras el cierre de la Catedral fue calificado como un “chantaje” hacia el gobierno capitalino de izquierda, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que estará muy atento al asunto y dará respuesta en cuanto el apoyo sea solicitado.

Tanto el PRD como el “gobierno legítimo” de López Obrador se deslindaron del incidente, pero coincidieron en que fue una provocación premeditada que debe aclararse. La secretaria general del PRD, Guadalupe Acosta, envió una carta al cardenal Norberto Rivera, en la que ese partido condena y se deslinda de los hechos, reitera su vocación pacífica en todas sus actividades y se dice respetuoso de la libertad de creencia religiosa. “Exigimos una investigación para deslindar responsabilidades”, dice el documento, en el que también le solicitan a Rivera una audiencia “para tratar este tema y en colaboración encontrar una solución a estos hechos que dañan a la Iglesia y al PRD”.

Esta no es la primera vez que surge un choque entre militantes de izquierda y la Iglesia Católica, que se ha empeñado en intervenir en asuntos políticos desde posiciones ultraconservadoras. El propio cardenal primado de la Ciudad de México, Norberto Rivera, ha expresado repetidamente críticas a López Obrador y a la CND, lo que le ha valido enfrentamientos con algunas personas, que le han espetado en su cara el encubrimiento de un cura pederasta por lo que enfrentó causas judiciales en Estados Unidos y en México.

Esto también levanta polvos de la llamada “guerra cristera”, un choque armado que se dio entre curas y feligreses contra el gobierno mexicano hace menos de medio siglo.

Así, entre provocaciones y un país que, pese a los discursos del presidente Felipe Calderón, no toma rumbo, la sociedad mexicana permanece gravemente dividida.

Ayer, miembros de la resistencia civil forcejearon con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y del Estado Mayor Presidencial, quienes les impidieron el paso hasta la plaza donde el presidente Felipe Calderón encabezaba la ceremonia oficial del 97 aniversario de la Revolución Mexicana.

Pese a todo, “resulta reconfortante, dentro de lo que cabe, que el vasto descontento acumulado en el ciclo de regímenes neoliberales, de (Carlos) Salinas a Calderón pasando por (Ernesto) Zedillo y por (Vicente) Fox, tenga ante sí cauces de expresión y lucha intachables, como son la promoción de los derechos humanos, la defensa de la economía popular, la oposición a que se culmine la destrucción del agro y la preservación de la industria petrolera como propiedad de la Nación y de todos los mexicanos. Desde este punto de vista, y por paradójico que parezca, es mucho lo que el actual gobierno le debe, en materia de estabilidad y de preservación de la paz, a la resistencia civil que se dio cita ayer en el Zócalo capitalino”, editorializó el diario de izquierda La Jornada.