El gobierno y la oposición movieron sus alfiles y el tablero político boliviano se muestra cada vez más trabado. El jueves, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, llamó a referéndum para poner en vigencia el Estatuto Autonómico aprobado el 15 de diciembre y que no se enmarca en la Constitución vigente ni en la aprobada el 9 de diciembre en Oruro. Así, los habitantes del departamento (provincia) de Santa Cruz deberán ir a las urnas el 4 de mayo para responder a la siguiente pregunta: “¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, aprobado en fecha 15 de diciembre de 2007 por la Asamblea Provisional Autonómica para que de manera inmediata se constituya en la norma institucional básica del departamento y sea de cumplimiento obligatorio para todos los que habitan y ejercen la función pública en el departamento?”

Esto sucedió justo un día antes de que se llevara adelante el pago de la Renta Dignidad, un bono para adultos mayores financiado con hasta el 80% del presupuesto de inversión de las gobernaciones. Para pagar el subsidio, el Congreso Nacional aprobó el recorte de los recursos que llegaban a los departamentos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, una sobretasa creada por la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada en mayo de 2005 durante el gobierno de Carlos Mesa.

Ayer, en más de 300 actos en todo el país, el gobierno comenzó a distribuir entre 20 y 25 dólares a todas las personas que tienen más de 60 años. Este beneficio llegará a más de 676.000 hombres y mujeres.

Tanto la convocatoria a referéndum por parte de Santa Cruz como el inicio del pago de la Renta Dignidad ponen en jaque al diálogo nacional iniciado el 7 de enero, en el que Evo Morales y los gobernadores de oposición trataban de ponerse de acuerdo en cómo financiar el subsidio de vejez y compatibilizar los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija con la nueva Constitución. Es tal la fragilidad del diálogo que ya se habla más de fracaso que de acercamientos.

El miércoles, el presidente Morales culpó a los prefectos sobre una posible ruptura del diálogo, mientras que los cívicos de Tarija y el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, férreos opositores al gobierno, acusaron a Morales de haber roto unilateralmente las negociaciones al aprobar un decreto que ordenaba al Ministerio de Hacienda recortar el IDH a las gobernaciones.

Y con las acciones de hecho también comenzó la escalada verbal. El jefe de bancada del oficialista Movimiento al Socialismo, Gustavo Torrico, amenazó con meter a la cárcel al gobernador Costas por considerar que la convocatoria a referéndum era un acto de sedición. Por su parte, los gobernadores enviaron una carta a Morales en la que le piden que defina si el diálogo se ha roto o continúa.

Más allá de los gritos, unas declaraciones del vicepresidente, Alvaro García Linera, que estuvo ayer en Santa Cruz de la Sierra, develan lo que sucede. Consultado sobre la convocatoria a referéndum, el matemático y sociólogo le restó dramatismo al conflicto y en lugar de rechazarlo de plano, elogió la medida. Consideró interesante la “búsqueda de avanzar en la autonomía mediante la voluntad popular”. Sin embargo, consideró que era necesario darle legalidad a la propuesta y dejar que sea el Congreso quien lo convoque y no el gobernador Costas. “Se puede hacer un acuerdo para viabilizar esa ley”, propuso.

Los gobernadores de las cuatro regiones autonomistas consideran que pueden convocar a referéndum departamental gracias a una interpretación de la ley que regula las consultas ciudadanas. En ella se consigna que cuando haya un gobierno departamental elegido democráticamente, éste podrá llamar a referéndum en su jurisdicción. Si bien la figura de gobierno departamental no existe en la actual Constitución, un fallo del Tribunal Constitucional legaliza la elección de los gobernadores, por lo que en las regiones autonomistas se considera que dicha sentencia les da la potestad para convocar a referéndum.

Por si no hubiera suficiente confusión, los movimientos sociales han comenzado a redactar sus propios estatutos autonómicos y seguirán los mismos pasos de los prefectos para lograr llegar a un referéndum.

Así, antes de Carnaval, el ambiente se vuelve tenso en Bolivia y sólo parecen capaces de detener la pelea los desastres naturales provocados por el fenómeno La Niña.

Ayer el presidente Evo Morales visitó la zona de Hampaturi, 58 kilómetros al norte de La Paz, donde las lluvias habían rajado las tuberías de agua potable, y habló en aymara con los pobladores, mientras funcionarios de su gobierno repartían agua en botellas.

Con más de 30 muertos, la mayoría de las carreteras en mal estado y 50.000 desplazados, oficialistas y opositores deberán ocuparse de la población y no de la política, al menos hasta que las aguas bajen.