El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió prolongar por seis meses más la suspensión de uno de los capítulos más polémicos de la llamada ley Helms-Burton, que endureció el embargo contra Cuba en 1996: se trata de una parte del texto que permite sancionar a empresas extranjeras que usan propiedades en la isla expropiadas a ciudadanos norteamericanos tras el triunfo de la Revolución en 1959. “La medida es necesaria para los intereses nacionales de Estados Unidos en tanto acelerará una transición a la democracia en Cuba”, explicó ayer el mandatario en una nota enviada a los presidentes de los comités de Asuntos Exteriores y de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado para justificar su decisión, que continúa de este modo con lo hecho por sus antecesores George W. Bush y Bill Clinton en la materia.

Al incluir en su Título III la posibilidad de tomar represalias contra empresas de terceros países que tengan negocios en Cuba, la ley fue denunciada desde un principio por la comunidad internacional, en especial Canadá, la Unión Europea (UE) y otros importantes socios comerciales de La Habana, como un intento por parte de Washington de obligar a otros países a seguir su política de embargo contra la isla mediante el abuso de lo que sería una suerte de principio de extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos, algo inaceptable para estos países.

Concretamente, en el capítulo en cuestión, la llamada Acta de Libertad y Solidaridad democrática para Cuba, el nombre que tomó la legislación promovida en su momento por el fallecido senador Jesse Helms y el diputado Dan Burton para bloquear aún más la economía cubana, habilita a cualquier ciudadano estadounidense a iniciar acciones judiciales en los tribunales locales para tomar represalias económicas contra cualquier compañía extranjera que tenga tratos comerciales con La Habana y que para ello realicen negocios sirviéndose de propiedades que les pertenecían a norteamericanos hasta la llegada de la Revolución.

Asimismo, la ley, aprobada en 1996 por el gobierno de Clinton, habilitaba al gobierno federal de Washington a prohibirles la entrada a Estados Unidos a los ejecutivos de esas mismas compañías internacionales, forzándolos de ese modo a elegir entre hacer negocios con la mayor superpotencia capitalista de la historia o bien con la isla caribeña.

“Para disuadir el tráfico de propiedades injustamente confiscadas a los ciudadanos estadounidenses que fueron víctimas de esas confiscaciones, se les debe dar la posibilidad de un remedio judicial en los tribunales de Estados Unidos que niegue a los traficantes cualquier beneficio procedente de explotar económicamente las incautaciones realizadas por (Fidel) Castro”, señala el texto.

Y es que, con la toma del poder por parte de los rebeldes liderados por Fidel Castro el 1º de enero de 1959 y las subsiguientes expropiaciones y nacionalizaciones que se llevaron a cabo durante los primeros años de la Revolución, empresas como Coca-Cola, Texaco, Colgate y ATT, además de ciudadanos particulares con inversiones privadas, alegan haber sido expropiadas por un valor que rondaría los 80 mil millones de dólares.

La prórroga ordenada por Obama, que se adelantó así unos días al vencimiento de la dispuesta por Bush, se basó en la propia ley Helms-Burton, que si bien prevé que el presidente de Estados Unidos puede ordenar estas suspensiones de forma temporaria, le prohíbe a cualquier jefe de Estado estadounidense restablecer relaciones con Cuba de forma completa mientras que uno de los hermanos Castro esté en el poder.

El anuncio, por demás, se conoció apenas un día después de que ambos gobiernos reanudaran en Nueva York las conversaciones formales entre ambos países sobre asuntos migratorios suspendidas de manera unilateral en el año 2003 por el gobierno de Bush.

Esas negociaciones habían comenzado en 1994, tras la masiva oleada de cubanos que llegaron a las costas de Florida en pleno período especial, la grave crisis económica que atravesó Cuba tras el derrumbe del bloque soviético. Al término del encuentro del martes en Nueva York en la sede de la ONU, ambas delegaciones calificaron las discusiones como “fructíferas” y “positivas”.