Desde Cochabamba

El Tribunal Internacional de Justicia Climática (TIJC) finalizó su primera sesión con una serie de recomendaciones tanto para las víctimas del cambio climático como para los gobiernos y empresas culpables. Los ocho jurados, reunidos en Cochabamba, coincidieron en la urgencia de cambiar el modelo económico por uno que valore a las personas, la naturaleza y la vida. El encuentro terminó en un cuarto intermedio, que se reanudará probablemente en Brasil. Evidenciaron que “el cambio climático es el mayor problema que enfrentará la humanidad en la medida que agudizará otros problemas como la pobreza, el hambre, la guerra, las desigualdades de género, el control territorial, la soberanía alimentaria y el acceso al agua, entre otros”.

Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, es parte del tribunal. Participó junto al grupo Diálogo 2000 y Jubileo Sudamérica, que postula la ilegalidad de las deudas externas que cargan los países empobrecidos. La madre de Carlos Cortiñas, desaparecido en 1977, observó que los siete casos analizados por el tribunal se replican en varios países, especialmente en Argentina. “Uno de los casos es sobre el monocultivo de caña de azúcar en Colombia para producir etanol, un biocombustible. Me hizo acordar de la azucarera Ledesma, de Jujuy, que nunca puso filtros a sus chimeneas. La quema de caña de azúcar afectó mucho a la salud de Olga Aredes. Como en casos parecidos de otros países, el juicio está detenido. Aquí involucra a la familia Blaquier”, contó.

En su dictamen, el tribunal advirtió que “no tiene carácter estatal vinculante, pues su constitución y funcionamiento no se origina en el poder judicial sino en la sociedad civil organizada. Sus resoluciones buscan implicaciones morales, éticas y políticas”. En este sentido, solicitaron a las Naciones Unidas (ONU) desarrollar mecanismos que castiguen a los culpables de delitos contra la humanidad y la naturaleza.

Se presentaron casos de Bolivia, por el derretimiento de los glaciares tropicales; de Ecuador, donde una fundación holandesa monocultiva árboles para tener “créditos de carbono”, y así no reduce las emisiones en su territorio europeo, y de Perú, donde cientos de personas tienen plomo en la sangre por las actividades de una empresa de fundición de metales; entre otros.

Cortiñas sesionó junto con otros militantes de organizaciones y derechos humanos de Chile, Perú, España, Puerto Rico, Irlanda y El Salvador. Exigieron a los países industrializados crear un “Fondo Internacional de Justicia Climática para las medidas de adaptación y mitigación”. También efectuaron recomendaciones a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la ONU para que detengan estos delitos.

“Cuando escuchaba los casos me decía ‘es lo que pasa en Argentina’. En Avellaneda los chicos mueren por el plomo que tienen en la sangre, la explotación de minas a cielo abierto genera gases contaminantes y consume millones de litros de agua. Lo mismo pasa con Botnia”, dijo la madre.