En medio de los tareas para rescatar a los 33 trabajadores atrapados en la mina San José, en Chile, florecieron los interrogantes y reclamos por los controles y las condiciones de seguridad de esa actividad en ese país. En Copiapó, los trabajadores habían denunciado varias veces la “falta de las mínimas condiciones de seguridad” del lugar, que había sido cerrado dos veces por el presunto incumplimiento de esas normas. Allí, además perdieron la vida tres trabajadores por desprendimientos de roca en el interior de la mina. En ese contexto, el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería en Chile (Cesco), Juan Carlos Guajardo, explicó a Página/12 que “la gran minería es una actividad muy segura”, pero advirtió que “la mediana y la pequeña, en muchos casos, se da en situaciones de precariedad”.

Las medidas de seguridad están en el centro del debate. El especialista contó que se está llevando adelante la investigación para conocer las causas del derrumbe. Por el momento, las suposiciones indican “falencias en las fortificaciones de los túneles y la falta de estudios” para prever situaciones riesgosas, como la que ocurrió. Las presunciones también señalan “bajos estándares de seguridad” por parte de la administración de la minera San Esteban.

Desde la empresa, apuntarían al derrumbe como consecuencia de “factores incontrolables” de la minería, como aquellos relacionados con fallas geológicas, sismos u otras situaciones que escapen al control de la administración de la compañía minera, contó Guajardo. “Pero con una buena preparación, con buen diseño de yacimiento minero, no debieran existir situaciones fuera de lo común”, aclaró.

Las hipótesis por la tragedia llegan luego de que reiteradas veces los trabajadores de la mina San José hubieran denunciado, en varios organismos del Estado chileno, que no se cumplían las condiciones “mínimas” de seguridad. “No tenía nada de seguridad”, afirmó Néstor Jorquera, presidente de la Confederación de Mineros de Chile (Confemin).

“No fue accidente, pudo haberse evitado”, dijo en relación con las condiciones de trabajo en el yacimiento. La mina San José estuvo cerrada entre 2007 y 2009 presuntamente por fallas diversas de seguridad. Pero al tiempo volvió a abrir sus puertas. Incluso, hace unos años, allí “los trabajadores decidieron abandonar la mina, porque las condiciones de trabajo eran insuficientes e inseguras. Prefirieron dejar el trabajo, para no arriesgar sus vidas”, relató el dirigente.

Por su parte, el director del Cesco manifestó que “la minería es una actividad “segura” y dijo, además, que el derrumbe en la mina San José es “un lamentable episodio, que no es común, pero no significa que no haya cosas que mejorar, especialmente en la pequeña minería”. Es en las empresas medianas, como en Copiapó, y en las pequeñas que tiende a haber una “carencia y precariedad” en los estándares de seguridad, sostuvo.

Las diferencias en seguridad pueden radicar en una serie de factores, por ejemplo, el equipamiento de operarios, la existencia de mecanismos de contingencia frente a accidentes, tipo de fortificaciones, y los estudios geomecánicos –análisis a nivel geológico para evaluar el comportamiento y el estado de la mina durante su explotación, dado que al ser trabajada se generan diferentes respuestas–, precisaron desde el Cesco.

Las críticas de los mineros apuntan a la fortificación, es decir aquellas tareas para fortalecer la estructura de la mina, como los túneles. “Cuando se trabaja se pone fuerza al cerro y se va moviendo, para evitarlo hay que asegurar la mina. No estaba segura, no estaba fortificada”, afirmó Jorquera, y además denunció que “no había segunda salida, no había de emergencia, cuando tiene que tener vías de escape”, un tipo de túnel paralelo al que se realiza para la producción.

En Chile, el reglamento de seguridad minero rige para todas las clasificaciones de emprendimientos: grandes, medianos y pequeños. Por eso, una parte de los reclamos es para que exista mayor “rigor” en su aplicación. “La pequeña minería tendía a ser vista no con demasiado rigor, es el momento adecuado para que se exija con rigurosidad todos los estándares”, dijo Guajardo, del Centro de Estudios del Cobre.

Otra de las críticas recaen en el desempeño del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), organismo que ejerce la función pública de fiscalización de las condiciones de seguridad minera y medioambiente en la minería y entregar asistencia técnica, entre otras.

El titular de la Confemin dijo que “los estamentos que tienen que fiscalizar no cumplieron con su labor. La primera responsabilidad es del empresario por mandarlos a trabajar en esas condiciones, del Estado y del gobierno, tanto del Poder Ejecutivo y Legislativo. Los diputados ya sabían de esto y no hicieron nada”. Desde el Cesco, señalaron también que hay “problemas de fiscalización”.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.