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El ex dictador chileno Augusto Pinochet, que enfrenta un posible juicio por los crímenes de la Operación Cóndor, ordenó incinerar cadáveres de prisioneros que integran las listas de los desaparecidos, informó ayer el diario estatal La Nación. “Nosotros sabemos que los cadáveres de muchos desaparecidos fueron eliminados, ya sea lanzándolos al mar o incinerándolos”, dijo el ministro del Interior, José Miguel Insulza, al ser consultado sobre el tema. “Todavía pueden saberse más cosas de todo lo que ocurrió en esos años”, agregó Insulza. La información que difundió el rotativo ayer afirma ahora que Pinochet ordenó a sus subordinados deshacerse de cadáveres que “fueron quemados en hornos y tambores dentro de los recintos militares”. Pinochet, que además de presidente de facto ocupaba el mando del Ejército, transmitió su orden a través de “un criptograma enviado a comienzos de 1979” con instrucciones de “desenterrar cuerpos de prisioneros para hacerlos desaparecer”, señaló la versión. “La tarea se encubrió como la “Operación Retiro de Televisores”, agregó el diario, que citó como fuente a un ex suboficial de inteligencia que declaró ante el juez Juan Guzmán Tapia. El magistrado, que investiga numerosos casos del total de 1198 desaparecidos bajo el régimen de Pinochet, es el mismo que mantuvo bajo arresto al ex dictador, durante seis semanas, a comienzos de 2001, cuando lo sometió a juicio por secuestros y asesinatos. Ese primer proceso, sin embargo, quedó archivado en julio de 2002, cuando la Corte Suprema señaló que el ex dictador, de 88 años, no está en condiciones de defenderse ante los tribunales, por una demencia moderada. Pinochet perdió su inmunidad como ex presidente, cuando el pasado 28 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una petición de desafuero, para someterlo a proceso por la Operación Cóndor, el plan secreto de las dictaduras militares sudamericanas de los años ’70 para eliminar a sus opositores. Sin embargo, este dictamen deberá ser ratificado o revocado a principios de agosto por la Corte Suprema. El dictamen del tribunal determinó que Pinochet “tuvo conocimiento” de esa operación, que significó la desaparición de cientos de opositores en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.