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El tubo niquelado del trabuco de José Peñaloza, vigilante de un comercio de Bogotá, tiene el caño liso y dispara unas postas que pueden abrir agujeros como puños. “Aquí estoy yo para lo que quiera Uribe.” Además de los cerca de 300.000 guardias privados armados en Colombia, el próximo presidente de Colombia, Alvaro Uribe, propone crear una masiva red de informantes y “El Día de la Recompensa”, el pago a la ciudadanía por los servicios prestados “contra el terrorismo”.
“Así se venga el mundo encima”, ejecutará el punto más polémico de su política de seguridad: ese cuerpo de un millón de colaboradores del ejército y los cuerpos de seguridad del Estado. Cada lunes, “El Día de la Recompensa”, el gobierno gratificará a los colombianos que en la semana anterior hubieran ayudado a la fuerza pública a evitar un acto terrorista o capturar a sus responsables. Su resolución frente a las guerrillas izquierdistas, que asesinaron a su padre en 1983, será menor que frente a las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según sospechan varios analistas.
Para la ex premier irlandesa Mary Robinson, encargada de la promoción de los Derechos Humanos en la ONU, “Uribe es tolerante con los paramilitares”. Carmen Villegas, una de sus colaboradoras, sostiene que “el país no tiene otra opción. Tenemos que involucrarnos”. La organización de ese millón de activistas, subraya su promotor, será legal, transparente y comenzará con frentes de seguridad en barrios y comercios.
Cada carretera tendrá un coronel del ejército o de la policía a su cuidado, redes de vigilantes se desplegarán por carreteras, caminos y zonas rurales bajo el control de la fuerza pública. Los camioneros, taxistas y celadores, serán convocados a formar parte de esta telaraña ciudadana contra la subversión y por la liberación de los secuestrados: cerca de 1300 personas. Los organismos de derechos humanos temen que acabe transformándose en falanges cuasi paramilitares e instrumentos de la guerra sucia.
“Sin duda es un riesgo muy grande para las personas”, que pasarán a convertirse en objetivos militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), señala Fernando Cepeda, ex ministro y jurista. “No se ha dicho en qué consiste ese cuerpo de informantes. Si son cuerpos locales, nacionales, departamentales, si están vinculados a la policía, a las fuerzas militares, si son un cuerpo independiente o funcionan como una guardia civil.” Las reservas internacionales, estima, ayudarán a su entrada en vigor con garantías de que no atentarán contra el Estado de derecho.
Uribe ha analizado la lucha contra el terrorismo con el presidente español, José María Aznar, y el gobierno estadounidense, y fue el organizador de las polémicas agrupaciones rurales Convivir siendo gobernador de Antioquia (1995-97). Algunas portaban armas, y otras no, pero redujeron, según sus organizadores, los asesinatos y los secuestros en esa provincia. De todas formas, los ejércitos privados de latifundistas o consorcios internacionales son una realidad en Colombia. Sólo las empresas de seguridad suman 180.000 hombres, y los empresarios contrataron a cerca de 9000 guardaespaldas. “Mi candidatura rompe la tradición de que no se podía hablar de autoridad porque decían que eso era ser de derecha y violar el civilismo”, declaró el candidato.