La muerte de los cuatro policías detenidos por el asesinato de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) podría costarle la cabeza al ministro del Interior guatemalteco, Carlos Vielmann. La oposición en el Congreso exigió ayer su renuncia y ya pidió una interpelación para el miércoles próximo. Los diputados aseguran que la extraña muerte de los diputados y de los policías demuestra que la policía y el Servicio Penitenciario están infiltrados por el crimen organizado y otras mafias, especialmente las que dominan el narcotráfico en la región. Estas versiones podrían confirmarse o no en las próximas horas, ya que apareció un nuevo testigo. Según el gobierno, anoche se entregó uno de los dos policías acusados por la muerte de los diputados.

El caso mantiene en vilo tanto a Guatemala como a El Salvador, de donde los tres diputados asesinados eran oriundos. Ayer los restos del chofer, que murió calcinado junto con los miembros del Parlacen, fueron finalmente repatriados al país vecino. Era el último cuerpo que faltaba. Al mismo tiempo, el presidente salvadoreño, Antonio Saca, sostenía que el móvil de los asesinatos no era político. Sin embargo, los partidos opositores de los dos países aseguran que toda la saga de asesinatos expone los vínculos entre los grupos narcotraficantes y el crimen organizado. Por ahora, la versión más fuerte que maneja el gobierno guatemalteco es que los policías fueron víctimas de una vendetta dirigida por los otros reclusos. Una explicación que todavía deja demasiados interrogantes.