El escándalo que vincula a políticos colombianos con paramilitares de ultraderecha, que alcanzó también al presidente Alvaro Uribe, amenaza con debilitar la férrea alianza de Washington y Bogotá. Las denuncias que el martes un congresista de izquierda hiciera contra Uribe, por haber sido permisivo con los paramilitares durante su gestión como gobernador del departamento de Antioquia (1995 y 1997), y por los supuestos nexos de su hermano y miembros de su entorno con el paramilitarismo, han desencadenado una cascada de noticias negativas provenientes de Washington. Primero, el Senado estadounidense bloqueó el desembolso de 55,2 millones de dólares de ayuda militar a Colombia. También se conoció la cancelación de la visa del ex jefe de los servicios de inteligencia colombianos, señalado por entregar información confidencial que permitió a los escuadrones de ultraderecha asesinar a dirigentes sindicales. Y finalmente la decisión de Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos de cancelar su visita a Colombia en agosto. Esto último llevó al mandatario colombiano a viajar a Miami para recuperar la credibilidad de su gobierno.