Es sólo cuestión de tiempo. José Alfredo Martínez de Hoz lo sabe bien. La Cámara Federal tiene la llave para dejar preso al ex ministro de Economía de la dictadura: el tribunal ya anuló varios indultos a represores y, a simple vista, no hay razones para pensar que hará una excepción en su caso. Por eso, cada vez que los camaristas están en condiciones de resolverlo, la defensa del ex funcionario del terrorismo de Estado los ataca con recusaciones que dilatan lo que ya es un final anunciado y que, según vaticinan en tribunales, tampoco debería demorar tanto. A lo sumo algunas semanas.

Martínez de Hoz está acusado, junto con el dictador Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, del secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim el 5 de noviembre de 1976. Padre e hijo fueron detenidos por un decreto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo con el objetivo de forzarlos a que su empresa, la textil Sadeco, sellara un acuerdo de exportación con Hong Kong, por el cual la dictadura obtendría una línea de créditos. Durante su cautiverio, de hecho, fueron trasladados cuatro veces a las oficinas donde transcurrían las negociaciones con los chinos en las que siempre participaba un representante del Ministerio de Economía. Los liberaron el 6 de abril de 1977, también con un decreto que pretendía dar aspecto de legalidad a los hechos.

Los tres, Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy, fueron procesados y estuvieron presos en 1988 por orden del entonces juez (ahora camarista) Martín Irurzun. Al año siguiente fueron indultados por Carlos Menem. Esto interrumpió su juzgamiento e impidió que recibieran sentencia. En septiembre de 2006, el juez federal Norberto Oyarbide aceptó reabrir la causa sobre los Gutheim a pedido de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, que ya habían conseguido que impulsaran la causa el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal Federico Delgado.

Los fiscales enmarcaron el secuestro de los empresarios en el ataque generalizado y sistemático propio del terrorismo de Estado. El fin en este caso puntual, explicaron, era presionarlos para cerrar un negocio que se había frustrado según había tomado conocimiento Martínez de Hoz en un viaje oficial a Hong Kong. Finalmente, entonces, Oyarbide declaró inconstitucionales los indultos que habían beneficiado a los imputados con el argumento de que están en juego delitos de lesa humanidad, que no pueden ser indultados ni amnistiados y que el Estado tiene la obligación de investigar. En ese momento el magistrado no ordenó sus arrestos.

Ante la insistencia de la Secretaria de Derechos Humanos, Harguindeguy fue detenido en febrero último después de que un guardavidas avisó que lo había visto en una playa de Pinamar. En esos días, la jueza María Servini de Cubría subrogaba a su colega Oyarbide y fue ella quien decidió mandar a buscar al ex ministro, que también está acusado por su participación en el Plan Cóndor y en el plan para ejecutar el golpe militar de 1976. Harguindeguy estaba preso al momento de recibir el indulto y, por eso, frente a la nulidad del perdón, su nuevo arresto era una consecuencia casi directa. Videla ya cumple arresto domiciliario por otras causas. Como Martínez de Hoz había sido excarcelado antes del perdón presidencial, Oyarbide optó por esperar hasta tener un aval de la Cámara antes de ponerle las esposas.

En eso estaban los camaristas Eduardo Freiler y Horacio Cattani, cuando los defensores del ex ministro de la dictadura –que son su hijo homónimo y el abogado Carlos Franco– comenzaron a echar mano de artimañas legales para frenar el fallo que se avecinaba. Para empezar, recusaron a Freiler con el argumento de que no es un juez imparcial porque está vinculado con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, “merced a la cual conoció a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Y agregaba, con un típico tono castrense: “Estamos en presencia de lo que se ha denominado por algunos doctrinarios el derecho penal del enemigo”.

Ese primer intento de embarrar la cancha fue desestimado de plano por Cattani y otro camarista, Eduardo Farah. Pero Martínez de Hoz volvió a la carga con un recurso extraordinario (que pretende llegar a la Corte Suprema) en rechazo a esa decisión. Frente a esta nueva situación los camaristas deben decidir si “abren” el recurso, como se dice en términos jurídicos. Si se niegan a concederlo pueden, sin esperar siquiera un minuto, pronunciarse sobre los indultos. La semana pasada estaban terminando las notificaciones burocráticas previas y era cantado que la semana próxima podrían resolver. Más aún teniendo en cuenta que Freiler regresa después de unos días de licencia.

Todo esto explica por qué el viernes Martínez de Hoz volvió a la carga y esta vez también recusó a Cattani. La excusa fue una publicación periodística que anunciaba la cercanía del fallo y la posible detención, algo obvio para cualquier abogado avezado. En rigor, las resoluciones anteriores de la Cámara hablan por sí mismas. En una decisión de todos sus miembros el año pasado anuló los indultos a Videla y a Emilio Massera en el expediente del Juicio a las Juntas. Pero, además, las dos salas que componen el tribunal tuvieron pronunciamientos previos en el mismo sentido en distintos casos.

Pero éste no es el único frente en el que peligra la comodidad que tuvo el ex ministro de Economía de Videla en los últimos veinte años. La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos reclamó también su arresto ante el juez Daniel Rafecas por el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Inversiones Extranjeras durante la gestión de Martínez de Hoz. Casariego fue secuestrado cuando se negó a poner su firma en una maniobra para la nacionalización a un valor millonario de la Compañía Italo Argentina de Electricidad, que había presidido el propio Martínez de Hoz hasta el golpe. El 15 de junio de 1977 llamó a su mujer para avisarle que regresaría más tarde porque tenía una reunión por ese asunto en el despacho del secretario de Planificación, Guillermo Walter Klein. Nunca más volvieron a verlo.

El juez Rafecas ya cuenta, entre otros elementos, con un informe que en 1985 elaboró la Comisión de Investigación de la Transferencia de la Cámara de Diputados sobre el caso de Casariego y la Italo. A la Cámara Federal sólo le queda superar los nuevos escollos del laberinto kafkiano para dejarle a Oyarbide el camino despejado.