En nombre de los pequeños productores de soja o maíz de Chaco, Jujuy o Santiago del Estero, hoy se pelea en las rutas y en los canales de TV por cable contra las retenciones a la exportación. Sin embargo, ese pequeño productor no figura en ninguna lista de exportadores y, las más de las veces, no figura ni siquiera como contribuyente en la AFIP de retenciones ni de ningún otro impuesto. Quienes exportan soja, girasol, maíz, trigo y sus derivados no son pequeños ni medianos productores, sino cinco multinacionales de las cuales tres figuran, además, entre los mayores operadores de granos y oleaginosas del mundo. El productor recibe como precio de su producto el que le paga el acopiador, que más de una vez es una empresa controlada por la multinacional exportadora. Y es quien le define el precio según la cotización internacional de ese día a la que le descuenta la “retención”, el flete hasta puerto y una comisión por acopio, del uno o uno y medio por ciento del valor del producto. Pero las más de las veces, ni el precio que se toma de referencia es al que exporta la multinacional, ni el cálculo de las retenciones que se le descuenta al productor se corresponde con el que liquida el exportador. Adivine quién pierde.

Primero, un breve glosario:

- Retenciones. Así llamadas en la jerga, su nombre legal es Derecho a la Exportación. Es un gravamen a las ventas externas que nació, en tiempos de la industrialización, como una herramienta de desaliento a la exportación de materias primas e incentivo a su transformación y agregación de valor dentro del país. Los años ’90, con su prédica aperturista, las convirtieron en mala palabra.

- Registro de exportación. Declaración que hace el exportador consignando un compromiso futuro de venta al exterior y la intención de comprar un volumen equivalente del producto. A las autoridades le sirve para ir midiendo que las intenciones de exportación no excedan la cantidad de grano disponible, para exportar y abastecer al mercado interno. Cuando se llega al límite, se cierra el registro.

Los “productores” –tomados en forma genérica– pusieron el grito en el cielo y las rastras en las rutas cuando se anunció la fijación de “retenciones móviles” en el 44,1% con la soja a 515 dólares la tonelada. “Por cada dos camiones de soja, el fisco se queda con uno por las retenciones, y además están los otros impuestos”, clamaban. Así es como funciona el esquema de precios y descuentos para el productor, pero no al momento de liquidarse el impuesto, según señalan los estudiosos del Código Aduanero y de la comercialización de granos y oleaginosos.

El productor mediano o pequeño le vende su producción al acopiador, que le pagará la cotización del día en la Bolsa de Cereales (Rosario o Buenos Aires), precio al que le descontará la retención, el flete y una módica comisión. Supongamos que ese día haya sido el pasado 12 de marzo (y sin lockout). Si el acopiador le descontó a los 515 dólares de entonces el 44,1 por ciento (227,88 dólares) más un flete, digamos, de 30 dólares por tonelada por la distancia hasta puerto, el productor habrá cobrado 257,88 dólares por tonelada: la mitad de la cotización. Uno de los dos camiones de granos, como clamaba en el piquete rutero.

Sin embargo, el cálculo del derecho de exportación o retención es distinto. Según el Código Aduanero, el porcentaje que va al fisco no se saca sobre el precio final, sino como si el tributo ya estuviera incluido en ese precio total. Es decir, los 515 dólares se toman como el valor neto del producto más las retenciones. Entonces, el valor neto resultante es 357,39 dólares, y la retención es de 157,61 dólares (44,1 por ciento del valor anterior). Esta curiosa forma de calcular el tributo no es un privilegio exclusivo de los granos, sino de todos los exportables. Petróleo, incluido. La diferencia descontada de más al productor es de 70,27 dólares: casi el 20 por ciento del valor que debió haber recibido.

Pero el valor del día que cobra el productor no es el mismo al que liquida la retención el exportador. Conforme a normas aduaneras, la retención se calcula según el valor de mercado y la alícuota vigentes al día del “registro de la exportación”. Es decir, no paga según el valor real facturado sino por el declarado anticipadamente como “compromiso” de venta.

Usualmente, el valor declarado es inferior al realmente facturado al exportar. E incluso ocurre que el derecho de exportación vigente al declarar es inferior al de la fecha de exportación. Como pasó a principios de marzo, cuando sabiendo que se venía una suba en las retenciones los exportadores se apuraron a declarar ventas futuras. Lo mismo pasó en noviembre pasado, y antes de cada aumento en las retenciones. Entre una y otra, queda otra porción de la renta extraordinaria que no llega al campo.

Todo lo anterior podría ser simple especulación, si no fuera que algunos datos de la realidad corroboran que las condiciones del mercado de comercialización de granos dista de ser transparente y, menos, competitivo. La exportación de granos y subproductos está concentrada en cinco empresas. La principal es Cargill, seguida por Bunge y Born, Dreyfus, Aceitera General Deheza y Vicentín. Cargill, además, es dueña de 45 acopiadoras regionales, cinco puertos cerealeros, cuatro plantas de molienda oleaginosas, siete molinos de trigo y dos malterías. El negocio se ramifica también en frigoríficos, fertilizantes y una comercializadora de semillas asociada a Monsanto.

El principal cliente externo de Cargill Argentina es su sucursal Uruguay, a la que le factura el 77 por ciento de sus ventas totales. Poco se sabe sobre el precio al que la hermana mayor argentina le vende a la menor charrúa, pero es llamativo que las ganancias de la pequeña empresa oriental sean muy superiores a las que se declaran de este lado del Plata. El pequeño productor de Chaco, Jujuy y Santiago del Estero recibe menos de lo que él mismo proyecta cuando mira en pantalla (por televisión o Internet) las pizarras con los precios internacionales de lo que produce. Pero, ¿será cierto que la mayor parte de la diferencia va a parar al fisco?