La jueza Fanny Canesa concedió la extradición a la Argentina de dos militares uruguayos acusados de haber actuado en Automotores Orletti. Se trata de Luis Maurente y Ernesto Soca, que deberán responder por el secuestro y tortura de unos treinta ciudadanos uruguayos que pasaron por ese centro clandestino de detención, que funcionó en Buenos Aires, en el barrio de Flores. Si el trámite finalmente se concreta, serán los primeros represores del país vecino en ser extraditados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina.

Las extradiciones habían sido pedidas a fines de 2006 por el juez federal Daniel Rafecas, que investiga los delitos cometidos en el taller mecánico que la Side utilizó como sede porteña del Plan Cóndor. Por su pedido de captura, Soca y Maurente fueron arrestados el año pasado en Uruguay y trasladados a la Unidad Penitenciaria Nº 8, más conocida como la cárcel de los militares.

Que ahora se haya abierto la puerta para la extradición es toda una novedad, porque el Estado uruguayo ha mantenido una política de bloquear los juicios contra los represores. Además de la ley de caducidad, ha sido frecuente que se abrieran causas en los tribunales locales a los militares con pedido de extradición, para así mantenerlos en suelo uruguayo. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con once de las doce extradiciones solicitadas inicialmente por el juzgado de Rafecas.

Maurente está en esa situación: tiene una causa abierta en Montevideo por la desaparición del militante Adalberto Soba, por lo que ayer la propia jueza aclaró que no podrá ser extraditado a la Argentina hasta que concluya esa investigación en el Uruguay. Socas es la excepción. Era un soldado conscripto cuando actuó en la represión.

Automotores Orletti funcionó como centro de detención y tortura desde mayo hasta noviembre de 1976. En el lugar, y en el marco del Plan Cóndor, se instalaron junto a los represores argentinos un grupo de oficiales uruguayos, que centralizaron allí la persecución de los exiliados. De acuerdo con los testimonios reunidos por el juzgado de Rafecas, las víctimas eran alojadas en la planta baja o el garaje, donde eran mantenidos tirados en el piso, tabicados e imposibilitados de moverse. En la planta superior estaba la sala de torturas por la que pasaron no menos de setenta personas.

El trámite debe pasar todavía por varias instancias, la primera de ellas es la apelación de los dos acusados. El abogado Gastón Chávez, defensor de ambos, evaluó que las extradiciones “no se definirán antes de un año”. “Hay un largo camino jurídico por resolver antes de que los casos queden resueltos por la apelación y, eventualmente, la elevación a la Corte Suprema de Justicia”, consideró.