El capitán de navío Ricardo Horacio Aumann suele participar en las marchas de la lobbysta castrense Cecilia Pando en Plaza de Mayo. Página/12 reveló el domingo pasado que el marino –retirado en 1990– se desempeñaba como docente en la Escuela de Guerra de la Armada, donde se forman los oficiales que aspiran a puestos de conducción. Por decisión del almirantazgo, Aumann ya no frecuentará las aulas como profesor: le revocaron su condición de “retirado en servicio”, es decir que cayó su contrato como docente. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa le pidió a la fuerza que comanda Jorge Godoy la lista de todos los docentes militares y civiles.

La participación en los actos de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, en referencia a los represores detenidos por delitos de lesa humanidad, fue el detonante de su alejamiento de la docencia. Pando, la esposa del mayor retirado Rafael Mercado, parece incansable en su campaña proselitista en pos de los derechos de los uniformados que están siendo juzgados como protagonistas del terrorismo de Estado.

La formación de los oficiales de las distintas Fuerzas Armadas es la clave en el proceso de democratización de las nuevas camadas. Hace unos días, al hacer un informe sobre su gestión ante el Congreso, la ministra de Defensa, Nilda Garré, destacó la necesidad de profundizar esa renovación. Los profesores y los contenidos de los planes de estudio son los ingredientes centrales para sepultar convicciones nefastas.

Las razones ideológicas se combinan con las económicas para que en el ámbito de la docencia encuentren conchabo los retirados en servicio. Teniendo en cuenta que varios de los suplementos salariales no se toman en cuenta al pasar a la condición de retirados, la categoría “en servicio” les permite mantener el haber como en actividad.

Defensa viene tratando de limitar la arbitrariedad de los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para recontratar a retirados. El artículo 62 de la ley 19.101 para el Personal Militar, sancionada en 1971, permite que un oficial retirado sea reincorporado por el jefe del Estado Mayor de su fuerza para cubrir vacantes. En febrero de 2007, la ministra Nilda Garré había firmado la resolución 216 en la que disponía que las solicitudes de alta y cese del personal militar en situación de retiro fueran puestas a consideración de la cartera a su cargo. A partir de esa norma, cada solicitud debió ser acompañada por el legajo del agente, datos con el grado alcanzado y motivo del retiro, además de un informe elaborado por el jefe de la fuerza.

El marcado de territorio pareció no ser suficiente a la luz de lo sucedido con el contraalmirante Roberto Pertusio –preso y asesor de Godoy– y el Grupo de Contención que apoyaba a los represores citados por la Justicia. A fines de marzo pasado, una nueva resolución (288) estableció puntualmente que el proceso de designación del personal militar retirado para cubrir vacantes debe extenderse “cualquiera sea la naturaleza, modalidad o título del vínculo bajo el cual se establece la relación entre la institución y dicha persona, con independencia de que el carácter del vínculo sea o no remunerado”. También instruye a los jefes de las FF.AA. para que procedan a la revisión de todas las designaciones vigentes del personal militar en situación de retiro o de baja hasta tanto se dé cumplimiento a estas nuevas disposiciones.

“Se debe asegurar que el personal militar en situación de retiro o baja que ejerce funciones en las dependencias a cargo de las Fuerzas Armadas sea idóneo y se ajuste a criterios y consideraciones de carácter profesional y ético para la función”, advierten los fundamentos de la resolución.

La orden de revisar y someter a consideración de la cartera política todas las recontrataciones tiene una lupa especial sobre las tareas docentes. Hasta ahora, paradójicamente, esas funciones eran uno de los atajos para contratar sin mayores requisitos a oficiales de dudosa o nula autocrítica sobre las atrocidades del terrorismo de Estado.