Dos trabajadores rurales de Zárate sindicados por testigos como quienes iniciaron los incendios en la zona del Delta fueron detenidos ayer por orden de la Justicia federal de Campana. Al cierre de esta edición, el prosecretario del juzgado Juan Arroquigaray confirmó que se los indagaba “por los delitos de contaminación ambiental, daño y estragos, en principio excarcelables, aunque lo estamos analizando en este momento”. La causa ya tiene un prófugo. Se trata del dueño de un campo de Baradero a quien el ministro de Interior, Florencio Randazzo, identificó como Antonio Pazzaglia. Mientras, la policía de la provincia de Buenos Aires detectó ayer dos nuevos focos intencionales sobre la ruta 12, y un abogado anunció una demanda civil por quince millones de pesos.

Randazzo confirmó en conferencia de prensa junto a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, que las detenciones fueron ordenadas por el juez de primera instancia de Campana Federico Faggionatto Márquez, quien les iba a tomar declaración indagatoria en la Prefectura de Zárate. Agregó que el prófugo Pazzaglia es “propietario de un campo de más de dos mil hectáreas en la isla” y varios testigos lo señalan como “responsable del incendio en Baradero”. Randazzo dijo que el juez ordenó siete allanamientos y que el sábado por la noche halló una lancha con siete bidones de nafta en el Club de Pescadores. Uno de los lugares allanados fue la propia Municipalidad de Baradero. Arroquigaray confirmó que el juez ordenó la medida a partir del testimonio de vecinos que dicen haber denunciado incendios intencionales y no haber obtenido respuesta. El juzgado está analizando la documentación secuestrada.

El fiscal federal Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), recibió el sábado la denuncia del gobierno nacional que inició la delegación Campana de Prefectura y la trasladó, junto con su investigación preliminar, al juzgado de Campana. González informó que desde la Ufima continúa colaborando con el juzgado de Faggionato Márquez.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Randazzo sostuvo que “es importante transmitir la tranquilidad de que se está trabajando para confinar el fuego y evitar esta molestia que produce el humo”. Remarcó el “firme compromiso que en rutas argentinas se pueda transitar con tranquilidad” y reiteró que “vamos a ir cerrando las rutas que sean necesarias cuando esté en riesgo la vida”. Destacó que “no es un ataque a ningún sector en particular, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno está llevando adelante negociaciones con las entidades agropecuarias, pero sería de una enorme irresponsabilidad no señalar que los responsables son productores agropecuarios, moleste a quien moleste”.

Añadió que “es necesario que la población sepa claramente que estos señores son los responsables de que estemos viviendo hace unos días en este estado tan incómodo para todos y con inconvenientes tan importantes”. Randazzo dijo que la lista de titulares de los campos de la provincia de Buenos Aires denunciados el sábado por el Gobierno no se difundió “con el ánimo de perseguir a nadie, sino con la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos” de hallar a los culpables.

La Policía Bonaerense, en tanto, confirmó ayer que se detectaron nuevos focos de incendio intencionales sobre la ruta 12, a la altura del partido de Zárate. El oficial Jorge Venturino precisó en conferencia de prensa que se detectó a “dos baqueanos a caballo que se encontraban prendiendo fuego y, en otro sector, a un tractor con una cubierta prendida fuego, que es el método que se usa para la quema de pastizales”.

Por los daños que generó la quema de pastizales cerca de trescientas personas presentarán hoy demandas contra los responsables de iniciar el fuego y contra los gobiernos nacional y bonaerense. El abogado patrocinante Fernando Soto aclaró que el reclamo “se basa en la irresponsabilidad de quienes iniciaron el incendio y en la falta de reacción de las autoridades que dejaron pasar más de diez días cuando debieron haber apagado rápidamente los primeros focos generadores de humo”. Explicó que el monto de la demanda varía según los casos “aunque el promedio por juicio es de unos 50 mil pesos, lo que hace un total, por ahora, de unos 15 millones de pesos”, calculó.

“La falta de diligencia en el gobierno nacional y de la provincia facilitó la propagación del humo en toda la ciudad y en el conurbano, lo que provocó que miles de personas sufrieran afecciones en las vías respiratorias por la contaminación con monóxido de carbono”, consideró Soto, que enumeró entre sus clientes a “asmáticos, niños con problemas respiratorios, ancianos que recibieron atención médica, comerciantes y ciudadanos que sin sufrir secuelas serias decidieron reclamar”.