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Distanciado del Gobierno y en un contexto de ácidos conflictos internos, Hugo Yasky advierte en esta entrevista sobre el efecto de la inflación en la canasta alimentaria y reclama que el problema sea una prioridad del Ejecutivo. El titular de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) pide que se convoque al Consejo del Salario y denuncia que la actual política distributiva “se sigue centrando en el derrame de la copa”. “La relación con el Gobierno es de tensión”, reconoce.

–La CGT habló de la amenaza de una espiral inflacionaria y culpó al empresariado. ¿Cómo evalúa el fenómeno?

–La inflación en torno de la canasta alimentaria es un problema dramático porque cada punto que sube es un punto que retrocedemos en lo poco que pudimos recuperar del salario. Una inflación de más del 20 por ciento significa que cientos de miles de hogares vivan por debajo de la línea de la pobreza. Nuevamente somos los trabajadores los que terminamos pagando la disputa en el bloque dominante.

–¿Cuál estiman que será la inflación real en 2008?

–Creemos que estará en el orden del 25 y el 30 por ciento. Pero hay un dato vital: sobre los productos de la canasta alimentaria la inflación es todavía mayor, cuando los ingresos del 70 por ciento de los hogares de los asalariados apenas sobrepasan esa barrera. Ahí el problema es más grave, dado que implica retroceder en el camino de recuperación que se inició después de la crisis.

–¿La reacción del Gobierno le parece la adecuada?

–El reclamo es que el problema se constituya en su prioridad central. Hoy no está como eje de la agenda, es tangencial, indirecto. El debate de las retenciones a los grandes productores del campo y los pools de siembra es imprescindible para que no se sigan disparando los precios. Pero con eso no basta, tiene que haber políticas distributivas con criterio social. El Gobierno sigue centrando su política en el derrame de la copa.

–¿Quiénes son los principales responsables de todo este proceso?

–La inflación no se puede leer de manera unidireccional. En lo interno, el lockout ha significado un alza de los precios de la mayoría de los componentes de la canasta alimenticia. Pero también es cierto que hay otras áreas en las que tiene responsabilidad el Gobierno, como por ejemplo en no poner en debate la rentabilidad de otros sectores como la energía, las privatizadas y la producción.

–¿Cuál debería ser la solución?

–Hacen falta medidas estructurales que cambien las reglas de juego si lo que se quiere es generar un escenario para que haya justicia y no inercia del derrame. Hay varias medidas que se podrían establecer: la universalización del subsidio por hijo, como una manera de favorecer a ese 60 por ciento de trabajadores que no accede porque está en negro, subcontratado en condiciones de ilegalidad o en los nichos de desocupación. Se debe restablecer de inmediato el Consejo del Salario para elevar el salario mínimo, vital y móvil, debe haber una recomposición del ingreso de los jubilados y se tiene que definir una serie de medidas que permitan discutir la rentabilidad de todos los grupos empresarios.

–¿La CTA sigue manteniendo su postura en torno a las retenciones?

–Hemos definido el apoyo a la política de retenciones como un instrumento para discutir la rentabilidad extraordinaria de los sectores del agro y poner freno al alza de los alimentos. Además, reivindicamos la intervención del Estado para que, en base a una política de premios y castigos, vaya definiendo la protección a las economías familiares en el campo. Incluso, propusimos que la actual política sea más ambiciosa, con herramientas como la junta general de granos. Reivindicamos la necesidad de que los pequeños y medianos accedan a un trato diferencial. El Gobierno, con su política de no discriminar entre los pequeños y medianos y los que representan a los grandes productores –que forman parte de la derecha económica y política–, cometió el error de meter en el mismo arca de Noé a los elefantes y las ardillas. Luego, el conflicto empujó a los productores a terminar siendo la infantería de la derecha.

–La Federación Agraria está aliada a la CTA y usted tiene un vínculo fluido con Eduardo Buzzi. ¿Se lo planteó a él?

–No lo hablamos, pero no creo que opine lo mismo que yo. Sin embargo, tenemos en claro que los que componen la conducción de la Federación Agraria son compañeros, ya que sus opciones políticas forman parte del movimiento popular. Otra cosa es que el vendaval de fuerzas que desató el conflicto los ponga del lado de la Sociedad Rural.

–En este marco, Luis D’Elía salió a advertir sobre la inminente fractura de la CTA. ¿Se rompe?

–La CTA está en debate pero de ninguna manera en proceso de ruptura. Acabo de participar de un encuentro de solidaridad internacional con Cuba y ahí se evidenció que esto no ocurre sólo en Argentina: pasa en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay. Lo que garantiza la unidad de la central son los intereses de clase que defendemos. En el encuentro se demostró que hay un contexto en el que la derecha comienza a generar escenarios de conflicto para reposicionarse. Ante esta realidad, es clave el papel de los movimientos sociales y populares.

–¿Cómo impulsarán sus reclamos?

–La única opción es la movilización, la organización y la toma de conciencia por parte de los trabajadores. Por eso, la CTA está convocando para el 16 de mayo a una marcha al Ministerio de Trabajo en reclamo de democracia y libertad sindical para una distribución justa de la riqueza.

–Será la primera movilización que organicen desde la asunción de Cristina Kirchner. ¿Cómo está hoy el vínculo con el Gobierno?

–Será una relación de conflicto en tanto el Gobierno persista en negar el derecho a la representación legal de los trabajadores de nuestra central.

–¿Cómo interpreta el vuelco de Kirchner hacia el PJ y el acercamiento cada vez más estrecho con Moyano y la CGT?

–Es un signo negativo que, en el corto plazo, puede tener razón pragmática, pero que le mutila el proceso de transformación política que supuestamente encarnaba el kirchnerismo. Por eso, vamos a apoyar las medidas concretas que signifiquen poner en crisis las políticas de la derecha sin perder el camino de la construcción con autonomía.

Informe: Diego González.