Lo extraditaron a escondidas, en medio de la noche. En el más hermético secreto, el gobierno colombiano sacó de la cárcel a Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, y lo subió a un avión de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, con rumbo a Washington. Hacía apenas unas horas, una corte nacional había revocado un fallo de primera instancia que suspendía la extradición del jefe paramilitar hasta que fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad en el país. “Es como si el gobierno hubiese sabido de antemano sobre el fallo. Tenían todo preparado y ahora es muy tarde para apelar”, explicó entre cansado y desanimado David Ravelo, dirigente de una ONG que asesora legalmente a las víctimas de Macaco. Ahora el jefe paramilitar tendrá que responder primero por los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo, por los que podría afrontar una sentencia de 20 años o más si es condenado. “Para la Justicia estadounidense la prioridad va a ser ésa, no las masacres”, advirtió Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Habían pasado unos minutos de la medianoche cuando un helicóptero aterrizó en el patio de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, 100 kilómetros al norte de Bogotá. Como en las películas, la sincronización fue perfecta. En cuestión de minutos, los guardias entregaron al prisionero a los policías y éstos lo subieron a la nave, con destino al aeropuerto militar en las afueras de la capital. Antes del mediodía, el jefe paramilitar estrenaba su nueva celda en Washington.

Mientras Macaco se acomodaba, en la sede del Departamento de Estado el subsecretario para Asuntos Hemisféricos Thomas Shannon, celebraba el compromiso del presidente Alvaro Uribe en la lucha contra el narcotráfico y prometía no olvidarse de las víctimas colombianas. “Queremos colaborar para que esos crímenes no queden en la impunidad”, aseguró el funcionario.

Macaco no es un líder paramilitar cualquiera. Cuando se desmovilizó en 2004, era el número tres en la línea de mando de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, según el gobierno , en sus siete años de “lucha contrarrevolucionaria” logró amasar una fortuna de más de 420 millones de dólares. El año pasado una investigación policial –que aún hoy no se sabe a quién ordenó– demostró que Macaco seguía dirigiendo un bloque paramilitar desde la cárcel. El escándalo forzó al presidente Uribe a quitarle los beneficios y pasarlo a una cárcel común hasta la fecha de su extradición.

Aunque el gobierno colombiano lo presentaba como un castigo ejemplar, los familiares de las cientos de personas que murieron, fueron torturadas o desaparecieron por órdenes de Macaco no lo veían así. El jefe paramilitar sería extraditado sin haber confesado un solo crimen ni haber entregado a sus víctimas un solo dólar. Después de golpear durante meses las puertas de los despachos de los tribunales de todo el país, un grupo de familiares consiguió que el Consejo de la Judicatura del departamento de Cundinamarca suspendiera la extradición hasta que Macaco fuera juzgado en el país. El martes a la tarde una corte de segunda instancia aceptó un recurso presentado por la presidencia y revocó el fallo.

Ahora los familiares de las víctimas tendrán que viajar a Estados Unidos para seguir luchando. “En teoría pueden iniciar una acción civil allá, pero va a ser un juicio muy largo, muy caro y muy incómodo. Además, quién dice que Macaco no negociará antes con la Justicia estadounidense o con la DEA”, advirtió el líder opositor y especialista en Derecho, Carlos Gaviria.