A lo largo de casi cinco años de gestión de gobierno, primero con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández de Kirchner, puede ser que no haya habido ni una sola medida para redistribuir el ingreso. Puede ser también que el discurso haya ido por un lado y las medidas, por otro. Hasta las mejoras en indicadores sociales pueden haber sido exclusivamente por la suerte de un contexto internacional extraordinariamente favorable. Incluso la recuperación del salario puede que haya tenido su origen en el previsible rebote del orden natural de la economía luego de la peor crisis de la historia reciente. Se puede considerar que nada hicieron el anterior y el actual gobierno para mejorar la distribución del ingreso puesto que no avanzaron en una reforma impositiva para bajar el IVA y gravar la renta financiera. Ni para detener el proceso de concentración y extranjerización de la economía. Y mucho menos para reorientar el gasto público, que es una potente herramienta de reparto de riqueza, hasta más importante que la tributaria.

Puede ser que todos esos argumentos que han sido esgrimidos por progresistas críticos, que aspiran a un país con justicia social, y algunos de ellos por conservadores, que desean regresar a una sociedad que debata otras cuestiones diferentes a quiénes se apropian de la renta, sean motivo de acaloradas polémicas sobre lo realizado por la administración kirchnerista. Será interesante el saldo de esas discusiones. Habrá conclusiones para todos los gustos. Sin embargo, esa controversia no podrá ignorar que si ha habido una medida que ha buscado avanzar en la redistribución del ingreso para comenzar a construir una sociedad equitativa es la de las retenciones móviles a las exportaciones del agro. Del mismo modo que lo son las aplicadas a las ventas externas de petróleo y a las de oro y cobre.

Los tributaristas y economistas más respetados de la academia, que no son precisamente los consultados por la mayoría de los medios, explican con fundamentos teóricos y prácticos el carácter progresivo de las retenciones móviles. Pero todo el abanico, desde ortodoxos hasta denominados progresistas, considera que esa medida ha sido un error del Gobierno. Hasta evalúan como una iniciativa positiva su retroceso parcial con el sistema de compensaciones a los pequeños productores de soja y girasol, al amortiguar el efecto redistributivo de las retenciones. Cuando se mencionaba la necesidad de un tratamiento diferencial para esos productores implicaba otro tipo de intervención del sector público, que no era precisamente depositar dinero en una cuenta bancaria. Una política específica para ese sector es más compleja (el acceso a la tierra, por ejemplo) que colaborar en llenar bolsillos, que por cierto no están vacíos.

Si se consolida la idea del error de las retenciones móviles porque ha provocado la reacción de los afectados y generado una crisis política, como parece que ya ha sucedido teniendo en cuenta la posición de la Federación Agraria, entidad que se supone el ala de izquierda del campo, poco margen quedará para éste o para cualquier otro gobierno que pretenda avanzar en la tarea que muchos pregonan de mejorar el reparto de la riqueza. Si se evalúa como una error esa medida, se supone que lo mismo hubiera sido considerado en la década del noventa una iniciativa de gravar la renta financiera, perturbando el poder económico de los bancos, porque también habría provocado la reacción de pequeños y medianos ahorristas e inversores bursátiles alcanzados por ese impuesto.

La historia enseña que para mejorar la distribución de la renta hay que afectar al poder económico, que hoy tiene su manifestación en la trama multinacional sojera. Por ese motivo, la crisis es política y no económica.