El 9 de febrero de 2006, las Abuelas de Plaza de Mayo habían recuperado otro nieto, hijo de un militante montonero de Azul desaparecido. Esa noticia motivó al director y propietario del diario El Tiempo, Alfredo Ronchetti, a dedicarle un editorial, que provocó la reacción de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de ese partido bonaerense. “No es el momento de juzgar cuál debería ser el proceder de los responsables en esa época. Si actuaron bien o mal. Si entregaban los recién nacidos como acto de amor o los dejaban morir junto a quien los había parido”, se refería Ronchetti al robo de bebés. El editorial fue publicado en la edición del 28 de marzo de ese año, cuatro días después de la conmemoración de los treinta años del golpe de Estado. En una carta de lectores publicada en el mismo matutino llegó la respuesta de la organización de derechos humanos. Ante esa carta, Ronchetti denunció por “injurias” a los dirigentes de la APDH. Un juez hizo lugar al pedido y hoy comienza el juicio.

En la carta de lectores publicada en el diario de Ronchetti, la titular de la delegación de la APDH de Azul, Luz Ramallo, y el secretario de esa delegación, José Luis Alvarez, mostraron su rechazo al editorial. “Qué debe leerse (...) cuando exhorta a reconocer en el acto de apropiación de los hijos de los desaparecidos un acto de amor, si no es, también en el contexto de la integridad de sus escritos, su entera adhesión al genocidio”, consideraron. “Me parece absurdo que se sienta injuriado por una crítica hacia una actitud aberrante, dado que él justificó semejante acto criminal, como lo es la apropiación menores y el robo de sus identidades”, comentó a Página/12, aún asombrado, Miguel Monserrat, presidente de la APDH.

El editorial refería a la restitución de la identidad del nieto número 82. Se trataba de Sebastián, de 30 años, cuyos padres, Gaspar Onofre y Adriana Tasca, están desaparecidos desde fines de 1977. El joven nació en cautiverio el 27 de marzo de 1978. Y, de inmediato, fue entregado por un oficial del Ejército a una familia conocida suya, que lo inscribió en el Registro Civil como hijo propio, con la ayuda de una médica de la Policía Bonaerense involucrada en otras apropiaciones de bebés durante la dictadura.

Según Ronchetti, se trataba de “un joven que fue adoptado al nacer por un comerciante y un ama de casa, que estudia música en la Capital Federal y al tener dudas de su identidad se sometió a un ADN”. En otro párrafo, Ronchetti consideraba que “un matrimonio que recibe a una criatura recién nacida, que le da cariño, buena crianza, enseñanza y lo trata como hijo sabiendo que biológicamente no lo es, está haciendo un acto de amor”. Y cínicamente agregaba: “En los 82 casos que fueron esclarecidos (...) para los abuelos biológicos, si bien están sufriendo la pérdida de un hijo, ahora saben que tienen un nieto, que pueden hablar con él (...) a pesar de haber pasado más de un cuarto de siglo”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo también se sumaron al repudio contra Ronchetti. “Nuestros nietos fueron secuestrados por los militares por razones políticas y no por un acto de amor, como dice alegremente el director de ese diario”, refutó enfáticamente ante Página/12 Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. “Apropiarse de los bebés de madres indefensas que fueron asesinadas no es un acto de amor, sino una acción aberrante, y justificar ese acto es hacer apología del delito”, dijo Carlotto.

El juicio se llevará adelante en el Juzgado Correccional de Tandil, a cargo de Carlos Alberto Pocorena. Según el Código Penal, la injuria tiene una pena de un mes a un año de prisión condicional o una multa de 1500 a 90 mil pesos. “Si tengo que pagar eso por criticar un editorial que justifica el robo de bebés, me muero. Pero volvería a escribir esa carta de lectores”, se prometió Ramallo.

El Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), que adhirió al rechazo del artículo del director de El Tiempo, consideró que la carta de lectores “buscaba preservar el derecho a las verdades de las víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos”. La carta fue publicada en la edición del 30 de abril del diario de la familia Ronchetti. “El nos acusa de haber afectado su honor y el de su familia por lo que sostenemos en la carta, pero fue él quien justificó un delito aberrante”, remarcó Ramallo.

Los dirigentes de la APDH de Azul, también, recibieron el apoyo de HIJOS, el Comité contra la Tortura y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras organizaciones de derechos humanos. “Estamos preocupados, pero también convencidos de que hicimos lo correcto. Por eso, no nos retractamos y vamos a sostener lo que escribimos en el juicio”, enfatizó Ramallo.

Al respecto, el CELS sostuvo que “la utilización de figuras legales, como los delitos de calumnias e injurias, procura evitar la circulación de ideas y opiniones, por lo que se constituyen en mecanismos de censura”. Algo parecido opinó la titular de la delegación de Azul de la APDH: “Estaba muy claro para nosotros que Ronchetti, después de publicar esa carta, iba a querellarnos. Es la reacción de alguien que no soporta una discusión, alguien que no toleró que dijéramos una verdad que no podía refutar”.

Informe: Esteban Vera.