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En los peores momentos de la crisis entre el Gobierno y las entidades agropecuarias hubo una seria evaluación de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de aprovechar lo que iba a ser el relanzamiento de la gestión el 25 de mayo para renovar parte de su gabinete. Cuando algún interlocutor que tenía permiso para hacer esa pregunta –es decir alguien que no fuese funcionario– lo planteaba, tanto ella como eventualmente el ex presidente Néstor Kirchner decían que no, sin convencer del todo a su ocasional oyente. Pero los que no creían en esa negativa, ahora sí se convencieron de que no va a haber cambio de ministros en lo inmediato.

En la cumbre del Gobierno sopesaron la posibilidad de un recambio –que quizá debieron haber hecho cuando asumió la Presidenta el 10 de diciembre– porque en un momento pareció que la necesidad de oxigenación era imperiosa e inmediata. La imagen de la Presidenta caía y el cansancio que tenía y no ocultaba el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, por esos días de marzo, cuando era vapuleado por algunos sectores como negociador excluyente con los productores agropecuarios, indicaba que la situación desembocaría en la presentación de nuevos ministros.

Claro que no hubiera sido una movida fácil. Por un lado, la salida de Alberto Fernández quizás hubiera arrastrado a otros ministros y, además, la nueva composición de un eventual nuevo gabinete debería seguir cuidando el equilibrio de poder interno en el Gobierno que siempre se preocuparon por mantener los Kirchner desde que gobernaban Santa Cruz.

Cuando Alberto Fernández les insinuó a los Kirchner sobre la posibilidad de dar un paso al costado, le contestaron a coro: “¡¿Está loco?!”. Eran momentos en que el jefe de los ministros sentía que sus esfuerzos por enderezar el conflicto agropecuario parecían inútiles, que tenía escollos de afuera y de adentro (sobre todo, por algunas intervenciones del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y por las extemporáneas declaraciones de Luis D’Elía). En su entorno aseguran que estaba pagando el precio de haber propuesto a Martín Lousteau como ministro de Economía, que su propuesta de imponer retenciones móviles sin evaluar adecuadamente las consecuencias, lo había puesto en ese brete. Y recordaban un diálogo que seguramente el propio Alberto Fernández no olvidará jamás: cuando Lousteau le explicó el proyecto, el jefe de Gabinete le dijo:

–Yo de las cuestiones técnicas no entiendo. Pero te quiero hacer una sola pregunta. ¿Esto no nos va a traer problemas con el campo?

–Para nada. Con la rentabilidad que tienen, esto no les mueve la aguja. Lo van a aceptar sin problemas.

–Esa charla –que si hubiera sido televisada se habría convertido en un hit de TVR– fue el comienzo de más de dos meses de intranquilidad para el Gobierno en general y para el jefe de Gabinete en particular, que dos veces tuvo que salir a desmentir rumores sobre su renuncia.

No obstante, quienes frecuentan a Alberto Fernández dicen que fantasea con volver a reabrir su estudio de abogado –algunos aseguran que, despacito, ya empezó a reacondicionarlo– y a dar clases en la Facultad de Derecho. Pero también que reflexiona: “Yo empecé este proyecto con Néstor y Cristina y sólo voy a dejar si ellos lo necesitan”. El jefe de Gabinete, además, suele afirmar a sus amigos que aunque a veces, cuando se siente agotado, tiene ganas de dejar el cargo, “nunca lo haría si eso le puede ocasionar un problema a Cristina”. Por eso, algunas de las personas más cercanas a él aseguran que “si Alberto algún día deja el Gobierno, va a ser en un momento que todo esté en calma, cuando la imagen de Cristina y del Gobierno estén bien arriba”.

De todos modos, hay un nombre que empezó a circular con fuerza en los últimos tiempos en los pasillos de la Casa Rosada: el del ex director de la Anses y actual intendente de Tigre, Sergio Massa. Algunos pensaron que llegado el caso podría ser el sustituto de Alberto Fernández. Y, según contaron a Página/12 dirigentes cercanos a Kirchner, fue el mismo Alberto Fernández quien se lo sugirió a la Presidenta para el caso de que se decidiera su salida. Es que en un eventual recambio del staff, así como en gobiernos anteriores el puesto clave tradicionalmente era del ministro de Economía, en éste es sustancial la figura del jefe de Gabinete. Y los otros dos funcionarios más cercanos a los Kirchner –además de Fernández–, Carlos Zannini y Julio De Vido, por distintas razones no irían a ocupar ese lugar.

Pero quizá todas éstas sean especulaciones para el futuro. Por lo pronto el 25 de mayo, cuando la Presidenta haga el acto en Salta, todos los ministros tendrán asegurada su continuidad.

Ese acto tampoco tendrá el impacto de la firma del Acuerdo del Bicentenario, porque aunque esta semana se logre recomponer el largo conflicto con las entidades agropecuarias, en el Gobierno dicen que ya no hay tiempo material para armarlo. “En el mejor de los casos podríamos llegar a elaborar un texto de buenas intenciones, nada más. Y en ese caso estaríamos desperdiciando una gran oportunidad de presentar algo muy fuerte a la sociedad”, le dijo a Página/12 un ministro que estuvo trabajando en el tema.

La idea del Gobierno es que el Acuerdo del Bicentenario, además de reunir a todos los sectores importantes, incluido el agropecuario –como se lo pidieron además la UIA y otras entidades empresarias–, se pongan objetivos y plazos concretos, sobre producción, inflación, pobreza, empleo y otros factores centrales. Esto incluiría una serie de medidas del Gobierno para cada aspecto y el correlato de compromisos formales de las cámaras empresariales.

Hasta hace dos semanas, contra todos los pronósticos, el Gobierno insistía en dos cosas respecto del Acuerdo: que el sector agropecuario iba a estar sentado a la mesa el 25 porque antes (se suponía que el 6 de mayo, en la reunión finalmente frustrada de las entidades con Alberto Fernández) iba a desactivarse el conflicto; y que si eso no ocurría el acta podría firmarse con las otras cámaras empresarias, más allá de las del campo. Pero no fue así. Los empresarios, con cautela pero de modo explícito, le hicieron saber que preferían que no estén ausentes en ese pacto sus colegas ruralistas. El Gobierno –dijo una alta fuente– entendió que más que tratarse de una concesión a los empresarios, era un acto de razonabilidad postergar el Acuerdo del Bicentenario, para que no naciera rengo.