Si hay un aspecto de la sociedad que es no sólo constitutivo sino motor de su dinámica es el conflicto. Un libro reciente de Chantal Mouffe sostiene una dura crítica a las posiciones pospolíticas del (neo) liberalismo que borran la presencia del antagonismo en sus análisis. Los conflictos que importan son los que ponen en jaque un pacto fundante de determinado orden que en el capitalismo neoliberal es injusto, desigual, jerarquizante y excluyente.

La expansión de la conflictualidad social durante toda la década del ‘90 puso en jaque un estilo de gobierno que llevaba los peores rasgos del sistema y se cerró como ciclo de protestas con las rebeliones de 2001–2002. Sin esos tiempos de protestas y rebeliones hubiese sido muy difícil descentrar los elementos más aberrantes del sistema. Desde 2003 se abre otra etapa, con fuerte crecimiento económico donde los ejes de las protestas viran hacia las disputas por la redistribución del ingreso y por los recursos naturales entregados a devastadoras corporaciones. En estos conflictos, los actores siempre son tres: 1) asalariados o poblaciones afectadas, 2) empresas/corporaciones, 3) Estado. El reclamo al Estado es por su función facilitadora o neutral tanto en el acaparamiento de ganancias (relación empresas/trabajadores) como en la apropiación de los bienes naturales, su devastación y el acaparamiento de rentas extraordinarias. Allí, a mi juicio, están los conflictos que hoy ponen en jaque un orden cuya legislación fundamental se fue construyendo en los ‘90 sin rectificaciones posteriores. No dudo de que haya otros conflictos sensibles a la democratización necesaria de esta sociedad, como aquellos derivados de la memoria y verdad por las atrocidades de la dictadura, por ejemplo. Pero aquí se trata de centrarnos en la riqueza material generada por estos territorios y sus poblaciones trabajadoras, así como las apropiaciones sectoriales que dan lugar a la vergonzosa polarización social de la Argentina de nuestros días.

En la década del ‘70 hubo otro gobierno peronista, entre 1973 y 1976 (aunque tomaría hasta 1974 con la muerte del general Perón) que, acorde con su tradición de generar cambios redistributivos desde el Estado, vio en las rentas agrarias una posibilidad no sólo de una nueva etapa de industrialización exportable, sino de distribución de la riqueza. No existían “trabajadores rurales” o “campesinos” que jaquearan el poder terrateniente y este trabajo quedó, una vez más, en manos del Estado. Por eso se eligió para la Secretaría de Agricultura un hombre cuyo solo nombre suponía una posibilidad cierta de desconcentrar la tierra, ponerla en producción y tributar a la sociedad: el ingeniero Horacio Giberti. Como él mismo suele contar, siempre tuvo el apoyo del ministro de Economía y de altos funcionarios del gobierno: la suya fue una política de Estado. El paquete de leyes generado en la secretaría pasó por el Congreso Nacional y contenía la Ley de Arrendamientos Forzoso, la Ley de Renta Normal Potencial y la Ley Agraria. Es decir, uno de los conflictos centrales en la lucha por democratizar económicamente el país, pasaba por la clase terrateniente. Sólo leer los editoriales de la revista Anales de la Sociedad Rural Argentina presidida en aquellos tiempos por Celedonio Pereda, basta para darse cuenta de cómo se preparaba el sector para ganar esa disputa y hasta donde estaba dispuesto a llegar (y llegó sin lugar a dudas).

Pero desde 1976 hasta hoy la estructura económica y social del país cambió profundamente. Nos llevó muchos años y trabajos comprender la nueva gramática del poder agroindustrial en la Argentina, aquello que con Miguel Teubal conceptualizamos y tratamos de definir como “agronegocio”, con sus componentes financieros, corporativos internacionales, científicos y culturales-comunicacionales. A medida que investigamos y difundimos esos conocimientos comprendimos el papel subalterno de los propietarios agrarios argentinos (el otrora poder terrateniente) en el nuevo esquema que la geopolítica internacional reservaba al país agrario. Grandes y medianos propietarios fueron complacientes con el “agronegocio” porque, como capitalistas oportunistas, trataron por todos los medios de acoplarse a los nuevos tiempos. Pero lo que deseamos remarcar es que no son ellos los actores claves del conflicto social que llevaría a una redefinición del pacto fundante del poder económico agroindustrial en la Argentina de 2008 y dudamos de que comenzando por ellos se llegue al verdadero poder.

Este deslizamiento del conflicto desde los actores poderosos –extranjeros y nacionales– que realmente manejan concentradamente el negocio agrario en la Argentina hacia los propietarios agrarios tradicionales, me parece un juego político peligroso. Fomentar esa “picardía” oficial, sobre todo desde “opinólogos” que celebraron el modelo sojero o ignoraron de qué se trataba hasta hace unas semanas, me parece una irresponsabilidad infinita. No creo tener que aclarar que estoy a favor de las retenciones y de limitar la expansión sojera (y hasta prohibirla cuando es transgénica por muchas razones, incluida la salud pública), pero ese debate debe darse en el Congreso Nacional, que es donde se transforma el enemigo en adversario y se renuncia a la violencia como forma de decisión.

* Profesora titular de Sociología Rural y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales, en la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto Gino Germani (UBA).