Sin mucha alharaca, ayer se fundó la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que reúne a los doce países de la zona, que estuvieron presentes en la cita de Brasilia pese a las diferencias que crispan las relaciones entre varios de ellos. Cuarenta meses demoró este acto de formalización desde que la iniciativa fue aprobada en diciembre de 2004 por la Cumbre de Presidentes que se reunió en Cuzco. Aunque ninguno de sus fundadores podría garantizar hoy el futuro de Unasur, el intento prueba que se afianza en Sudamérica una tendencia integradora con gobiernos que, pese a sus diferencias materiales y políticas, tienen concepciones similares sobre el destino de estas naciones. En varias de ellas –por caso Venezuela, Ecuador, Bolivia y ahora Paraguay– surgieron fuerzas nuevas en confrontaciones abiertas con antiguos partidos y con intereses económicos que resisten las nociones transformadoras. Aquí, el peronismo conserva su posición predominante, con todas las cargas simbólicas y prácticas que implica esa perdurabilidad, aunque si se comparan la década de los ’90 con estos primeros años del siglo XXI, sobre todo a partir de 2003, el historiador tendrá dificultades para encontrar las secuencias lógicas de ambas etapas en un mismo Movimiento. Quizás en esa capacidad de mutación, a veces de simple cambio de piel, pueda encontrarse una explicación de la supervivencia, aunque en ciertos rituales de la tradición partidaria aparecen algunos signos de envejecimiento. Para muestra el último mitin del PJ, en el que asumían las nuevas autoridades después de años de acefalía, que fue magro en asistencias y entusiasmos, a tal punto que, pese al escaso tiempo transcurrido, casi parece no sucedido. En el entorno del nuevo titular del PJ aseguran que el cometido de la concertación plural sigue vigente en el proyecto político de los Kirchner, pero por ahora la dedicación “pejotista” opaca cualquier otro propósito. A lo mejor pasa rápido, porque el país requiere de partidos remozados o nuevos, pero con capacidad para restablecer la confianza de la sociedad en la política y en los sistemas de representación. El compromiso “pejotista” tiende a encerrar la imagen de los Kirchner en los reducidos límites de esa organización, que tiene algunos recambios, pero que aún no alcanzan para dar la idea de algo nuevo y apasionante.

La evocación viene a cuento porque mañana, en Salta, lejos del superpoblado distrito bonaerense donde reside la masa principal del electorado peronista, el Gobierno quiere celebrar el 25 de Mayo con una masiva fiesta popular alrededor del monumento a Güemes. Lo hace en momentos de particulares dificultades, tal vez uno de los baches más pronunciados de los dos mandatos “K”, y en competencia con el acto programado por la Sociedad Rural y sus tres aliados alrededor del Monumento a la Bandera en Rosario. Dado que los promotores de ambas concentraciones son también los protagonistas de un diálogo de sordos desde hace dos meses y medio, es inevitable que el potencial mediático, sobre todo los medios electrónicos, mida la competencia en centímetros cuadrados para determinar las magnitudes de las convocatorias. Algunos se animarán a proclamar ganadores, olvidando que estas dramatizaciones conviene diluirlas en la perspectiva teniendo en cuenta otras experiencias desafiantes, con las salvedades del caso, como fueron las primeras asambleas cívicas sobre seguridad urbana organizadas en la Capital por Juan Carlos Blumberg durante el mandato de Néstor Kirchner.

A lo mejor, Mauricio Macri, y no Blumberg, fue el beneficiario último de aquellas movilizaciones, de acuerdo con los resultados de los comicios porteños del año pasado que lo eligieron jefe de la Ciudad con el 60 por ciento de los votos. A la vista de esos resultados, algunos partidos de oposición parlamentaria y ciertas agrupaciones de izquierda se anotaron para estar presentes en Rosario, deseosos de subir a un tranvía ajeno que los lleve más lejos de lo que pueden llegar con sus propias piernas. Por las dudas, los ruralistas aclararon que en el palco sólo estarán hombres y mujeres “del campo” porque no quieren que se afiance entre sus bases y en el resto de la sociedad la imagen de una movilización destinada a abrirle una brecha a la oposición para futuras competiciones electorales. En el lote de los opositores, el cálculo incluye un dato que les atribuyen como “mérito” a los agropecuarios: en las últimas horas circularon sondeos de opinión según los cuales la presidenta Cristina descontó alrededor de veinte puntos de opinión positiva sobre más de cincuenta que tenía al comienzo del mandato, el 10 de diciembre último.

Atribuirle el “mérito” al debate inconcluso sobre la renta “granaria” es una visión maliciosa, puesto que las mismas encuestas adjudican a Néstor una caída mínima, la lógica para alguien que salió del centro de la escena, pese al llamado “doble comando” y a las responsabilidades que se le atribuyen al ex presidente en la empecinada resistencia gubernamental a ofrecer soluciones bajo presión, a ceder la iniciativa política y a dejar que le escriban la agenda con métodos que considera extorsivos, además de sostener su apoyo a Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior y, como tal, responsable oficial de la evolución de precios que sufren los consumidores. Si fuera cierta la razón que se invoca, la caída en los índices de popularidad de Néstor deberían ser de magnitudes parecidas a los de Cristina o, en su defecto, el primer caballero es inimputable para la opinión pública. Es dudoso que el matrimonio sea evaluado en unidades separadas, pero aun así podrían aceptarse las mediciones, dando por descontada la honestidad de sus autores, con algunos reparos de prudencia: a) las estadísticas de este tipo son fotografías de un momento, pero nunca cuentan la película entera, y b) caídas como las que se indican no suceden por causa única, sino por la acumulación de percepciones subjetivas que combinan apariencias y sustancias de muchas maneras distintas. A veces, la proyección de imágenes desacertadas debilita el carisma que es indispensable para estabilizar el liderazgo.

Sin necesidad de encuestas, podría asegurarse que la mayoría de la sociedad quiere que los problemas de la renta agraria sean resueltos de tal manera que dejen de perjudicar a la economía nacional y al bienestar general. La demanda de un acuerdo es válida para el Gobierno y también para los ruralistas y con seguridad si llegara una solución negociada, en poco tiempo la tensión de estos meses será tan olvidable como Blumberg. La tentación de analizar la realidad en términos bipolares está inducida, casi siempre, por las opiniones políticas, en especial las mediáticas, que buscan con la polarización “aumentar” el atractivo de la oferta noticiosa y atraer a mayores audiencias. Otro ejemplo bipolar en días recientes ocurrió con la discrepancia acerca de la cantidad de pobres en el país entre las cifras que el Indec le proporciona a la presidenta Cristina y las que Cáritas le informa al obispo Jorge Casareto, titular de la Pastoral Social. Es comprensible que el Gobierno quiera que sus datos reflejen la realidad porque es un objetivo central para justificar su gestión, pero aunque la diferencia entre ambas versiones no es poca, la realidad indica que los pobres aún son demasiados y más que nada injustificables para una economía que crece a ritmos sin precedentes en la historia. La Iglesia Católica y la administración del Estado tienen una agenda demasiado cargada (desde el capellán castrense y el embajador fallido en el Vaticano hasta la paternidad responsable y la educación sexual en las escuelas) como para desahogarla de manera indirecta o agregarle temas polémicos.

Un millón de niños pobres sólo en la provincia de Buenos Aires, una cifra oficial, es suficiente para dejar de lado bipolaridades inconducentes y, en cambio, reunir la mayor cantidad de fuerzas alrededor de las tareas solidarias y para vencer la oposición de las minorías privilegiadas a la redistribución verdadera de la riqueza. La lucha contra la pobreza reclama más que discursos bien intencionados y espera un programa concreto y múltiple, desde la aplicación equitativa de impuestos hasta la protección auténtica de los precios al consumidor, de modo que antes de llegar al bicentenario pueda proclamarse que la pobreza dejó de ser una preocupación argentina. Este horizonte supone no sólo una “opción por los pobres”, que los obispos deberían compartir, sino que para llegar habría que robustecer el mercado interno, con todas las consecuencias positivas para el empleo, la producción y el comercio. La reparación de la pobreza, elevando a esa franja de la población a condiciones dignas de vida, supone que las capas medias también ascenderían a calidades mayores que las actuales. La justicia social, con soja o sin ella, es un buen negocio para las mayorías.