El extenso y agotador conflicto con un sector del campo permitió instalar con más fuerza el tema de la distribución del ingreso. Como en todo debate, la apropiación de la palabra, concepto y sustancia resulta fundamental para precisar sobre qué se está discutiendo y para evitar confusiones. El sistema de retenciones móviles a la soja, maíz, girasol y trigo constituye una importante intervención del Estado para influir en cómo se reparte la riqueza de una economía, cuestión que pasó a ocupar un espacio importante en la agenda pública, lo que constituye una oportunidad indiscutible para profundizar en las tareas pendientes. La forma de limitar esa necesaria injerencia estatal es restarle a las retenciones la cualidad de ser un instrumento de distribución del ingreso, limitándolas a una medida fiscal por la supuesta urgencia de aumentar la recaudación del Tesoro Nacional. Otro modo de desacreditarlas apunta a cuestionar el destino de esos fondos recaudados, al señalar que se utilizarían para pagar la deuda externa o que con ese dinero no se estarían realizando obras de infraestructura vial o construyendo escuelas. Incluso se relativiza su evidente impacto en desacoplar los precios internos de alimentos de la evolución de las materias primas a nivel internacional. Cuando la corriente conservadora, que es la dominante en el discurso masivo, conquista con ese lenguaje y despoja la esencia de un determinado objetivo de política económica (la distribución progresiva del ingreso), busca vaciarlo de contenido práctico y, en especial, ocultar el corazón de esa puja: la relación capital-trabajo.

El Estado es un imprescindible sujeto en la dinámica de esa tensión y, resulta obvio, que está permanentemente participando en el rumbo de la redistribución de ingresos. En los últimos años, esas intervenciones no han tenido la orientación de privilegiar sólo a una de las dos partes en disputa, sino que a veces se inclinaron por el capital y en otras por el trabajo. Por eso mismo la gestión de la administración kirchnerista es contradictoria y morosa en búsqueda de profundizar una mejora en la distribución del ingreso, aunque ha tenido la virtud de haber puesto ese desafío en el centro de la escena política. Por lo tanto, también algunas de sus medidas son contradictorias (por caso, el proyecto del Tren Bala) y débiles (por ejemplo, la ausencia de una reforma tributaria que grave la renta financiera), pero eso no implica que deba descartarse una iniciativa que sí apunta a corregir en parte el inequitativo reparto de la riqueza, como son las retenciones móviles.

La persistente tarea de la ortodoxia de deslegitimarlas y de sectores del progresismo que todavía siguen considerando que fueron un error tiene como fin limitar la acción del Estado –con este gobierno o con cualquier otro– en la redistribución progresiva de ingresos. En el Informe 2008 Derechos humanos en Argentina del Centro de Estudios Legales y Sociales se incluye el capítulo “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales”, elaborado por el economista Eduardo M. Basualdo. En ese trabajo se realiza un interesante análisis sobre ese proceso, concentrándose en la relación capital-trabajo, que es la puja básica. Se precisa que el aumento de la ocupación y del salario real promedio no fueron el resultado de la “mano invisible” del mercado, sino de la política oficial en pos de la reactivación económica, en general, y de la reindustrialización, en particular. Se enumera en ese sentido el alza del salario mínimo, vital y móvil, la incorporación de las sumas fijas al salario básico, el impulso para que se retomaran las negociaciones colectivas de trabajo, la derogación de la denominada “Ley Banelco” a través de la ley 25.877 de 2004, que intenta reordenar el mercado laboral, el ajuste de las jubilaciones mínimas, entre otras iniciativas.

Sin embargo, Basualdo destaca que “cuando estas transformaciones en el mercado de trabajo se traducen en términos de la distribución del ingreso, se constata una situación sorprendente que no parece estar en consonancia con esas modificaciones”. En ese documento se señala que la participación de los asalariados en el ingreso en el año 2007 fue de 28 por ciento, significativamente inferior a la vigente en 2001, que se ubicó en 31 por ciento. El investigador del Conicet y de Flacso menciona que “no deja de ser paradójico que cuando el salario real es equivalente al que regía antes de la crisis de 2002 y la ocupación un 16 por ciento superior, la participación de los trabajadores en el ingreso sea un 11 por ciento más reducida que la vigente en 2001”. Explica que esa aparente contradicción se encuentra en que el PBI, no solamente creció en forma continuada a tasas sumamente elevadas (entre el 8 y el 9 por ciento anual) entre 2002 y el 2007, sino que aumentó claramente por encima de la combinación de salario real y ocupación (masa salarial). Como signo de la complejidad de la época y del cuidado que hay que tener para no caer en lugares comunes impuesto por el perezoso sentido común, Basualdo apunta que “en otras palabras, debido a la recuperación que registró el salario real y la ocupación durante los últimos años, las condiciones de vida de la clase trabajadora para el año 2007 son mejores que durante la crisis e incluso que antes de ella (2001), pero su participación en el valor agregado (en la distribución del ingreso) es menor porque el PBI creció más que la masa salarial. Visto del otro lado, se puede decir entonces que el capital está en mejores condiciones que antes debido a que se apropió a través de sus ganancias de una porción mayor del valor agregado generado anualmente, registrándose una participación creciente del mismo en el ingreso”. Esto lo logró mediante un incremento sustancial de la productividad, que implica una mayor explotación del factor trabajo.

En la relación capital-trabajo es donde se juega el principal núcleo de la distribución del ingreso de la economía. El tema tributario y, más importante, la asignación del gasto, que resulta un instrumento distributivo aún más potente, como por ejemplo los subsidios a las tarifas de transporte, de luz y de gas, son cuestiones clave en ese tema y donde el Estado queda en el centro de la escena. Pero la puja capital-trabajo es la principal para evaluar cómo se reparte la generación de riquezas de una economía. En esa instancia es cuando se expone la dinámica del proceso para la construcción de una sociedad equitativa con inclusión social. En esa partida, el Estado tiene un rol fundamental para inclinar la balanza para una u otra parte, como árbitro de esa disputa. Por eso, cuando se busca deslegitimar su capacidad de intervención con medidas redistributivas, como son las retenciones, en los hechos lo que se intenta es preservar los privilegios del capital. Se trata de un mensaje contundente de que no tiene que entrometerse en un escenario de distribución del excedente donde el capital está cómodo.

La presente discusión salarial muestra esa tendencia, donde el sector empresario pretende que de ahora en más los ingresos de los trabajadores acompañen los incrementos de productividad, cuando recién se recuperaron de la pérdida ocasionada por la crisis de 2001. En este período de transición de un modelo basado en la valorización financiera a un patrón de acumulación alternativo procuran así que la actual pauta distributiva quede congelada, consolidando el actual esquema inequitativo en el reparto de los ingresos. Del mismo modo que lo están haciendo los protagonistas visibles de la trama multinacional sojera con su resistencia piquetera contra las retenciones móviles.

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