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“Todavía no sabemos ni siquiera la cantidad de vidas que se cobró el atentado, si hubo o no suicida, quiénes lo cometieron, quiénes lo pagaron, qué apoyo estatal tuvieron y por qué los encubren.” A 364 días, 150 audiencias y 80 mil fojas del inicio del juicio oral por el atentado a la AMIA, familiares y amigos de las víctimas criticaron duramente el desarrollo de la investigación y reclamaron que “se vayan todos los responsables del juicio para que una comisión independiente juzgue y castigue al Estado argentino como responsable del genocidio de nuestros seres queridos”.
El 24 de setiembre de 2001, con fuertes medidas de seguridad y un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, comenzó el juicio oral por la voladura de la AMIA. La investigación siempre produjo reacciones encontradas entre los sectores vinculados con las víctimas: mientras que la AMIA –una institución oficial de la comunidad judía– apoyó la actuación de la Justicia argentina, los grupos que nuclean a los familiares de los muertos en el atentado –como Memoria Activa– denunciaron en repetidas oportunidades las anomalías del proceso. Ayer, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) volvió a criticar el rumbo de las investigaciones y afirmó en un documento que “setecientas declaraciones de testigos en más de 150 audiencias dejan al descubierto la innumerable cantidad de irregularidades de la investigación liderada por el juez Galeano y sus secuaces durante 8 años”.
La agrupación, liderada por Laura Ginsberg, aseguró que “el juicio tiene por objeto condenar a un grupo de delincuentes dobladores de autos y policías bonaerenses, y hacernos creer que se hizo justicia, cuando todavía no sabemos qué ocurrió entre el 10 y el 18 de julio de 1994”. Y agregó que “los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 3 (actualmente a cargo de la causa) transitan la misma senda recorrida por el juez Galeano, que fuera trazada por el poder político y la dirigencia judía: condenar y encerrar temporariamente a los Telleldín y los Ribelli, cerrar la causa AMIA e instalar socialmente el tan devaluado ‘se hizo justicia’”.
El documento también resaltó la complicidad de los tres poderes del Estado argentino en el encubrimiento del crimen: “Durante estos 8 años de impunidad ha quedado demostrado que la decisión política es encubrir a los criminales, que el Poder Judicial hace el trabajo para garantizar el encubrimiento y que el Poder Legislativo sanciona leyes que le dan el ‘marco constitucional’ a tamaña criminalidad”. Y también afirmó que “el papel del Estado tampoco ha sido menor a la hora de orientar la acusación hacia una conexión terrorista internacional que lo desvincula de su propia responsabilidad”.