En un fallo en favor de la libertad de prensa, la Corte Suprema de Justicia eximió de responsabilidad civil al diario La Nación en una causa promovida por dos peritos del Cuerpo Médico Forense que se sintieron agraviados por un editorial que había cuestionado su desempeño. El máximo tribunal señaló en su sentencia que “toda expresión que admita ser clasificada como una opinión, por sí sola, no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de las personas que ocupan cargos en el Estado”. La Corte dijo también que la reputación de los funcionarios “no se daña mediante opiniones o evaluaciones, sino exclusivamente a través de la difusión maliciosa de información falsa”.

El caso fue iniciado por el médico forense José Angel Patitó y uno de sus colegas, quienes demandaron a La Nación y al periodista Jorge Urien Berri con el objetivo de que se los condenara a resarcir los daños que les habrían provocado una serie de notas publicadas entre 1997 y 1999, que criticaron el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense, el equipo que trabaja para el Poder Judicial realizando las pericias oficiales.

Los médicos adujeron que el diario había cuestionado su desempeño profesional, afectando su honor y su derecho a la intimidad. Argumentaron además que “en tanto las publicaciones fueron inexactas, formaron parte de una campaña persecutoria y difamatoria contra ellos”. Urien Berri fue eximido en las instancias anteriores de toda responsabilidad; los jueces consideraron que en sus artículos el periodista se había limitado a cumplir con su tarea, escribiendo información con cita de la fuente. Por eso el caso llegó a la Corte sólo para tratar la responsabilidad del diario en relación con el editorial.

Aquel artículo de opinión había llegado a plantear la existencia de “dictámenes falaces o amañados, producto de presiones inducidas desde posiciones políticas o económicamente influentes, o peritajes negligentes”. Y había advertido sobre “una cierta forma de estructura ilegal en el ámbito forense que intenta disimular o encubrir con criterio corporativo un encadenamiento de hechos irregulares”.

Por ese editorial, tanto el juez de primera instancia como la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenaron al diario a resarcir los daños causados, pero al recibir el expediente la Corte llamó a una audiencia pública para discutir el caso y escuchar a las partes afectadas, luego de lo cual dictó esta sentencia que revocó los fallos mencionados y absolvió a La Nación de toda responsabilidad.

El máximo tribunal sostuvo en su fallo que quienes se sientan agraviados “por noticias falsas o inexactas deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas, o con notoria despreocupación por su veracidad”.

Los ministros afirmaron además que “no puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones”.

La postura fue unánime, aunque con distintos fundamentos. El voto de la mayoría fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni. Por su parte, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco votaron de manera concurrente.

“La investigación periodística sobre los asuntos públicos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura, lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes”, señalaron los ministros en el voto de la mayoría.

No fue un buen día para los integrantes del Cuerpo Médico Forense; es que, por motivos no vinculados con este caso, la Corte dispuso una auditoría en el Cuerpo Médico para investigar presuntas irregulidaridades en el organismo. Y desplazó de su cargo al decano del cuerpo, Víctor Luis Poggi (ver página 16).