El revuelo por una resolución del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que ordena a las fuerzas policiales y de seguridad consultarlo antes de ejecutar las medidas que les piden los jueces en cada causa, llegó hasta la Corte Suprema. A tal punto que el presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, citó a Fernández a una reunión –que está prevista para hoy a la mañana– en la que le plantearía el malestar que reina en Tribunales, en especial entre los jueces penales, por lo que consideran una intromisión en su actividad y un obstáculo para investigar al poder político o intervenir en conflictos de alto impacto público, como el de la protesta de las entidades agropecuarias.

El juez supremo se hizo eco de una carta que le envió la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional la semana pasada con pedido para que tomara algún tipo de intervención en el tema. El texto, firmado por el titular de la entidad, Ricardo Recondo, advierte que la disposición de Fernández “significa una inaceptable e ilegal instancia de revisión de la que se ha autoinvestido el señor ministro”, que le permite “controlar” y decidir la “oportunidad y pertinencia” de las “directivas, instrucciones u órdenes” que dictan los jueces en el marco de sus investigaciones. Califica al mecanismo como una “impertinente intromisión” que, alerta, “podría llegar a generar un indeseado conflicto de poderes”.

Fernández, anunciaron sus voceros a PáginaI12, estará hoy a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia. Lo que recibió, especificaron, es una “invitación para una visita oficial” en la que la Corte le propone “discutir los alcances e implicancias” de la polémica resolución 1048/08, que data del 29 de abril último. El ministro sostiene que la firmó “en uso de sus facultades” como para organizar a las fuerzas de dependen de él. Días atrás, de todos modos, dijo públicamente que estaría dispuesto a modificarla.

El primer artículo indica, textual, que “los oficios judiciales y los requerimientos de cualquier índole provenientes de magistrados” que reciban la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario “deberán ser elevados a conocimiento del suscripto (Fernández) previo a ser respondidos”. Esto implica que cuando un juez pide colaboración a alguna de las fuerzas para llevar adelante medidas como allanamientos, peritajes, traslado de detenidos, secuestro de documentación o hasta desalojar una ruta, antes de actuar le tiene que avisar al ministro y esperan su visto bueno.

Lorenzetti y Recondo se encontraron por casualidad, hace poco, en un congreso de defensorías públicas. Allí el titular de la Corte le dio señales al camarista de que un planteo institucional de los jueces podía conseguir soporte en el tribunal supremo. A las reuniones de la Asociación de Magistrados –que se hicieron dos semanas atrás– para definir la estrategia se sumó la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público. Allí sobrevolaron algunos interrogantes y planteos cantados: ¿Con qué garantías para la investigación se hace un allanamiento a un funcionario, que debería ser sorpresivo, si el ministro de Justicia se entera primero? ¿Qué derecho especial tiene el ministro para ser el único en enterarse de lo que pasa en una causa penal que está bajo secreto de sumario?

En la carta a Lorenzetti alertan que las atribuciones que se adjudicó Fernández podrían tener implicancias legales: incurrir en el delito de violación de secretos, previsto para funcionarios que revelen hechos, actuaciones o documentos que por ley deben permanecer reservados. También le piden al supremo que “se pronuncie reafirmando que las decisiones adoptadas por los” jueces “dirigidas a las fuerzas policiales y de seguridad federales deben ser cumplidas inmediatamente por éstas, sin intermediación de ningún funcionario del Poder Ejecutivo”.

Parece lejana la posibilidad de que la Corte haga semejante pronunciamiento, pero está claro que la citación para hoy no es una invitación para charlar entre amigos.