El abogado Angel Lanzón admitió ante la Corte Suprema de Justicia la “voluntad” del Estado nacional para “revisar el decreto” de la denominada “ley espía”. Lo hizo en su condición de representante de la Comisión Nacional de Comunicaciones durante la audiencia convocada por el máximo tribunal para analizar la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2003, que obliga a las compañías de teléfono y de servicios de Internet a almacenar todas las comunicaciones de sus clientes durante diez años.

La ley bajo análisis de la Corte Suprema fue sancionada en una sesión maratónica y fue reglamentada al año siguiente. En 2005 fue suspendida por la polémica que produjo. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, hizo un dictamen favorable a la aplicación de la norma.

Además de obligar a las prestadoras de telefonía e Internet a guardar todas las comunicaciones de sus clientes, esa ley deja en manos de la SIDE, previa autorización de la Justicia, la información de llamadas de teléfonos, chats y e-mails. La obligación para que las empresas archiven la información les implicaría una inversión de alrededor de 100 millones de dólares, lo cual también juega en la polémica.

Apenas sancionada, la ley fue cuestionada ante la Justicia con diferentes argumentos. Algunas presentaciones señalaron que la norma es violatoria del derecho a la intimidad y a la privacidad de la correspondencia. Por esa razón, su reglamentación demoró un año. Finalmente el Ejecutivo decidió dejarla en suspenso. Una de esas demandas llegó ahora a la Corte.

En ese contexto, los integrantes del tribunal escucharon al abogado Lanzón en representación del Gobierno, quien habló de una voluntad para cambiar el decreto, pero insistió en que la norma “en nada afectaría el secreto profesional de los abogados”. También dijo que la ley “no se está aplicando” porque requiere de un decreto reglamentario, hoy suspendido.

En la sala de audiencias también estuvieron quienes acompañaban la demanda. La causa se inició con una denuncia del abogado Ernesto Halabi que llegó a la Corte luego de dos fallos a favor en la primera instancia y en la Cámara en lo Contencioso que en su fallo señaló que la ley “pone bajo sospecha a todos los usuarios” y la criticó por su “vaguedad”.

En la Sala de Audiencia de Tribunales, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y los vocales Eugenio Zaffaroni, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay escucharon las exposiciones de las partes y de Halabi. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal acompañó la presentación de Halabi y su vicepresidenta, Laura Colágeno, se expresó en defensa del “secreto profesional”. También cuestionó la posible “violación de libertades y garantías esenciales” que acarrearía la aplicación de la “ley espía”, que significa una “injerencia en la vida privada” que provocaría el ingreso en un “cono de zozobras”.