Después de la desaparición de Jorge Julio López y la serie de amenazas a sobrevivientes, familiares de desaparecidos, jueces y fiscales que le siguieron, la protección a los testigos en las causas sobre delitos de lesa humanidad se convirtió en una problemática a atender por parte del Estado. El Programa Nacional de Protección de Testigos comenzó a ocuparse del asunto y, además, se creó el Programa Verdad y Justicia. La Secretaría de Derechos Humanos, por su parte, también ofrece asistencia a sobrevivientes y testigos. Miembros de organismos de derechos humanos e investigadores creen que hay que profundizar los esfuerzos, por eso se reunirán para debatir “un marco integral de protección de testigos”.

La iniciativa del encuentro es de la diputada Victoria Donda y de Marcelo Sain, titular del programa Verdad y Justicia e interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ambos tienen proyectos que apuntan a fortalecer y ordenar el sistema de protección de testigos. El de Sain modifica el programa existente y hace hincapié en la creación de una unidad policial propia que pueda atender los casos de personas vinculadas con causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, tanto testigos como fiscales, jueces o abogados. “Brinda solución a la falta de confianza de las víctimas y testigos de crímenes de lesa humanidad en las fuerzas policiales o de seguridad para proveer a su custodia y cuidado. Esta falta de confianza deriva de que las denuncias o testimonios se dirigen a miembros de esas mismas fuerzas”, dice el documento. Por otro lado, establece ayuda económica, laboral, social y psicológica. “En estos programas no entran todos los testigos, sino que se incorporan excepcionalmente cuando hay riesgo de vida o está en juego la integridad física de la persona”, señaló el funcionario a este diario. Actualmente hay un centenar de testigos vinculados con el Programa Nacional de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia que dirige Darío Díaz. La mayoría decidió no tener custodia permanente.

La iniciativa de Donda se centra en la protección de las personas vinculadas con las causas de lesa humanidad. “Creemos que los programas que existen funcionan con mucha voluntad de las personas que los tienen a cargo, les ponen ganas, pero evidentemente son áreas por separado que no articulan entre sí. Perdemos la fuerza que deberíamos tener todos juntos. Pedimos mayor presupuesto y planificación y que se tenga en cuenta la problemática de los testigos vinculados con casos de lesa humanidad, que tienen una especificidad distinta a los testigos de otras causas. También queremos que se atiendan las diferentes realidades de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y el interior del país”, señaló a PáginaI12 Donda.

Para debatir sobre el asunto, Sain y Donda convocaron a representantes de los diversos actores involucrados. La cita es para hoy en el hotel Savoy, Callao 181. Irán los abogados Carolina Varsky, del CELS; Luciano Hazan, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Ana Oberlin, de HIJOS; el juez Guillermo Andrés Gordo, presidente del Tribunal Oral Federal 5, y el fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler. También estarán presentes Darío Díaz, director del Programa Nacional de Protección de Testigos; Gerardo Vázquez, del cuerpo de protección de testigos de Córdoba, y Alberto Palacios, director del Centro de Protección a los Derechos de la Víctima. En el cierre hablarán Donda, Sain, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, Pablo Parenti, de la Procuración General de la Nación, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.