A partir de su forma de construcción política, algunos de los actuales gobiernos progresistas en América latina pueden clasificarse como de “izquierda de actores” y otros como de “izquierda de política social”. Uno de los rasgos más notables que diferencian a los gobiernos de centroizquierda en América latina es su relación con organizaciones populares tanto en el sector formal de la economía (esto es, sindicatos) como en el informal (movimientos sociales). En Brasil, el sindicato de la CUT afín al PT y el MST (los sin tierra) es incorporado como parte de la coalición de gobierno, pero no se los moviliza desde el Estado, esto es, no se los utiliza en la lucha política, por ejemplo mediante demostraciones callejeras o como aliados clave en debates de política pública. En el caso de la izquierda chilena, el PS no incorpora sectores populares organizados ni los moviliza.

El gobierno de los Kirchner, en cambio, incluye y moviliza actores populares. Esto es, premia a dirigentes de movimientos sociales y sindicatos con posiciones en el Estado (para ellos o cuadros afines). A la vez, potencia a los sindicatos en el mercado de trabajo y moviliza a éstos y a las organizaciones sociales, por ejemplo, en ocasión del reciente lockout del campo. En términos generales, Chávez y Evo Morales también incluyen y movilizan. En el caso de Chávez no ya mediante sindicatos (anclados en el viejo orden político y en un sector formal muy pequeño), pero sí mediante movimientos territoriales (círculos bolivarianos, movimientos barriales, etc). La movilización de sectores populares en los casos de Chávez y los Kirchner es, de todos modos, diferente. El objetivo de los Kirchner en la activación de estos actores no es construir una nueva hegemonía anticapitalista (como de algún modo pretende Chávez), sino utilizarlos ocasionalmente para medir relaciones de fuerza con otros sectores políticos o económicos.

En los casos de Lagos-Bachelet en Chile y Lula la macroeconomía ha priorizado el control de la inflación, preservado con mayor énfasis el valor de la moneda local, y su manejo fue puesto en manos de economistas con credenciales ortodoxas o provenientes del sector financiero. La independencia del Banco Central, a diferencia de Argentina y Venezuela, aparece como intocable y, finalmente, el desafío al empresariado en el terreno de la propiedad y la regulación de precios de los bienes-salario (alimentos o gasolina) es mucho menor. El contenido de izquierda en estos casos reside, principalmente, en una ampliación de las políticas sociales, sobre todo aquellas destinadas a la pobreza extrema. Mediante el programa Chile Solidario, el gobierno de Lagos logró bajar la pobreza extrema en forma notable. De igual modo, el programa Bolsa Familia de Lula, si bien implica una transferencia monetaria y contraprestaciones modestas, implicó una expansión sin precedentes de la llegada del Estado en materia de política social en Brasil. Esta política social se administra en forma tecnocrática, con criterios de focalización que hacen eco en las estrategias recomendadas por organismos financieros internacionales en la década del ’90 (e incluso con su colaboración), generalmente sin mayor activación organizativa desde abajo.

Tenemos entonces, en trazos muy gruesos, dos tipos de izquierda. La izquierda de política social, en los casos de Chile y Brasil, preserva la ortodoxia macroeconómica y la independencia de los bancos centrales, no activa o moviliza actores populares (si bien los puede incorporar al gobierno) y no desafía a los empresarios en el terreno de la propiedad o la regulación de precios. La otra variante, la izquierda de actores, en Venezuela, Argentina y Bolivia, más allá de sus diferencias, desarrolla una política económica más heterodoxa o expansiva (en menor medida en Bolivia), afecta intereses empresariales en las áreas de propiedad y/o regulación de precios, y moviliza en el ágora pública organizaciones sociales territoriales y/o sindicales.

A diferencia del modelo histórico europeo, en América latina la fragmentación social posneoliberal agudiza el dilema de izquierda de actores vs. izquierda de política social. Una izquierda concentrada en la activación de actores populares organizados puede terminar relegando a grandes masas que no están organizadas, sobre todo en el sector informal. Por otro lado, la izquierda de política social, con sus esquemas focalizados, quizá tenga facilidad para cubrir a los perdedores de la fragmentación social más homogéneamente. Pero justamente su carácter tecnocrático y su escasa base organizativa popular probablemente le impidan lograr transformaciones más acabadas que la preocupación por la pobreza extrema.

El dilema no es de fácil solución, ya que cada “modelo” cuenta con ventajas específicas y, en todo caso, la resolución no es sólo técnica sino, fundamentalmente, normativa e ideológica. Creo, sin embargo, que la activación de organizaciones populares es clave en todo proyecto progresista. En primer lugar, nociones de sociología política elementales nos dicen que ningún sector capitalista va a relegar beneficios que vayan más allá de tolerar cierto gasto fiscal para los pobres si no se enfrenta a actores populares organizados. Segundo, las reacciones ante el resurgimiento de la izquierda en la región muestran que en muchos países sectores de la derecha también juegan por afuera de las instituciones representativas, esto es en el terreno de la movilización: el caso de los grupos civiles cruceños en Bolivia, el golpismo de Fedecámaras en Venezuela, o el apoyo a las huelgas y bloqueos patronales agrarios en la Argentina. Por lo tanto se hace más patente la noción de que la izquierda democrática para ser efectiva no debe relegar la activación de actores populares y la importancia de las relaciones de fuerza. Finalmente, la visión de una política social tecnocrática puede depender excesivamente del humor de funcionarios ocasionales y las modas en los organismos internacionales. La potenciación de actores populares, por el contrario, puede que contribuya más fuertemente a la estabilización en el tiempo de las demandas de igualdad.

* Profesor de Política Comparada, Universidad Torcuato Di Tella.