“Estamos peleando un pedazo de la gran torta que es la basura de la ciudad”, dijo Alicia Montoya, de la Cooperativa El Alamo. Junto a otras organizaciones de cartoneros, acababa de firmar un acta acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri por el cual se implementará un sistema de recolección puerta a puerta de materiales reciclables, tal como lo adelantó PáginaI12 en su edición del domingo. El acuerdo fue cuestionado por la organización ambientalista Greenpeace, que lo calificó como un proyecto “pobre”, pues “no alcanzará para cumplir con los objetivos de reducción que plantea la Ley de Basura Cero”. Como paso previo al acuerdo, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, separó del cargo a un funcionario de la Dirección General de Limpieza, área denunciada por los cartoneros como escenario del presunto desvío ilegal de materiales reciclables destinados a las cooperativas, en beneficio particular.

El acuerdo forma parte de una nueva estrategia del macrismo en materia de higiene urbana: el reciclado estaría en manos de los cartoneros, mientras que la recolección de residuos quedará a cargo de las empresas, que cobrarán por tonelada de basura recogida y no por área limpia, como lo hacen ahora. El nuevo esquema, anunciado a este diario por el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, es la base de la próxima licitación del servicio de higiene urbana, que generó cuestionamientos en la oposición y entre organizaciones ambientalistas.

“Desdoblar la gestión de residuos es un golpe fatal a la Ley de Basura Cero”, afirmó Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace. El dirigente consideró que “el retorno al sistema de pago por tonelada es fomentar el volcado de basura en rellenos, todo lo contrario a lo que propone la Ley de Basura Cero, porque cuanto más recolectan más ganan”.

Greenpeace fustigó la decisión oficial de dar por “fracasado” el sistema de doble container para residuos húmedos y reciclables, ya que no se promovió una “campaña de educación pública sobre el correcto uso”. Y criticó el acuerdo con las cooperativas de cartoneros porque “no se debe aceptar un circuito marginal de recolección”. “El plan de recolección puerta a puerta es un proyecto cuasi escolar, pobre y no está a la altura de la gestión que el gobierno debe plantear”, sostiene Greenpeace.

“Greenpeace no recicla, sólo habla”, replicó Juan Grabois, miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las organizaciones que firmó el acuerdo con el gobierno porteño. Grabois rechazó la calificación de “circuito marginal de recolección” que hizo la organización ambientalista, al afirmar que “mientras los cartoneros recolectan en la ciudad 650 toneladas de reciclables por día, las empresas de limpieza juntan apenas 100 toneladas por año”.

En el acta acuerdo, el Ministerio de Medio Ambiente se compromete a “sostener el sistema de camiones que reemplazan al Tren Blanco, implementar en 30 días un sistema de colectivos o transporte subsidiado, para que los cartoneros no viajen en los camiones arriba de la basura, y presentar en 45 días un plan de reconversión de las 87 unidades de transporte que hoy trabajan en condiciones muy precarias”, detalló Grabois a PáginaI12.

Además de la Cooperativa El Alamo y el MTE, firmaron el acuerdo las cooperativas El Ceibo, El Amanecer de los Cartoneros, Del Oeste y las coordinadoras de los camiones del ex Tren Blanco. Son las mismas organizaciones que, junto a otras cooperativas, denunciaron la semana pasada a “una mafia enquistada en la Dirección General de Limpieza” del gobierno porteño, que “opera desde hace muchos años y a la que funcionarios macristas de la Subsecretaría de Higiene Urbana se adaptaron con sorprendente rapidez”. Esa organización, según la denuncia, se dedicaría a “desviar hacia negocios particulares el material reciclable” que debería ser destinado a los cartoneros. Se trata del producto de la separación en origen que hacen los grandes generadores (edificios de más de 18 pisos, hoteles cinco estrellas y oficinas públicas), que debieran ser llevados a los centros verdes operados por las cooperativas.

Una de las cooperativas denunciantes, Reciclando Sueños, no firmó el acuerdo con el macrismo. “No son los tiempos políticos. Y además, el macrismo no respeta los compromisos, han retirado los contenedores, donde los trabajadores podían conseguir materiales”, dijo Valentín Curi, representante de esa cooperativa. Entre los compromisos no cumplidos, menciona el de la cantidad de materiales que debían llegar al centro verde que maneja la cooperativa en Villa Soldati. “De 6 toneladas diarias que nos habían prometido, no llegan más de 500 kilos”, se decepciona.

En lo que acuerda Curi con las cooperativas que sí firmaron el acta es en el rechazo al nuevo pliego de licitación, que cambia el sistema actual, de pago por área limpia, por el de pago por tonelada. “No pueden competir los dos sistemas”, alertó Grabois.

Greenpeace también se sumó a las críticas. “Si se paga por peso, las empresas van a empezar a denunciar a los cartoneros independientes, a los que Macri acusó hace unos años de ‘robar’ la basura cuando seleccionan en la calle”, alertó Villalonga.

Piccardo había dicho que el sistema de área limpia había fracasado porque era imposible de controlar. El diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) cuestionó ese argumento al sostener: “El macrismo no ejerce el control como debiera: según el contrato, a la empresa que no limpia bien se le puede aplicar una multa, que se descuenta de la facturación. Ni siquiera nombraron al director de Higiene Urbana”, dijo el legislador a PáginaI12.

El subsecretario de Higiene Urbana, en forma interina, es Eduardo Terregni, un ex gerente de Manliba, empresa que integró el grupo Macri y manejó el negocio de la basura desde la época de la dictadura. Terregni es el ideólogo del controvertido pliego de licitación que el macrismo enviará a la Legislatura.

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