El Consejo de la Magistratura porteño, que conduce uno de los íntimos del jefe Mauricio Macri, ratificó un concurso de secretarios de juzgado sobre el que había denuncias de exámenes gemelos y de intercambios de favores con los jurados, como informó PáginaI12. Tras las protestas de jueces y del gremio de los judiciales, los consejeros tuvieron que dar marcha atrás con una resolución en la que adosaba tres cargos más al concurso sospechado. Ese bonus track terminó no siendo tan PRO.

Hace meses que el macrismo intenta desembarcar en el Poder Judicial porteño: los legisladores de PRO presentaron proyectos para crear juzgados y nuevos cargos en el Ministerio Público, que ya vienen negociando con el kirchnerismo. Tras los fallos en contra que sufrieron desde el fuero contencioso, se sumaron proyectos para recusar jueces sin causa y para restringir los amparos. El Consejo de la Magistratura –donde una consejera reconoció que recibe “órdenes” del Ejecutivo– puso su granito de arena al restringir la capacidad de estos magistrados para conceder medidas cautelares fuera de horario.

Dirigido por Mauricio Devoto, muy cercano a Macri, el Consejo convalidó un concurso de secretarios cuestionado desde hace tres años. El titular de la UEJN, Julio Piumato, había presentado dos denuncias por irregularidades. En febrero de 2007 aparecieron dos exámenes casi idénticos: eran de Blas Gallegos Fedriani y Mariano Tozzi. El primero es el hijo del camarista federal Pablo Gallegos Fedriani y el segundo, secretario privado del mismo camarista. Ambos renunciaron al concurso cuando el gremio pidió que se investigara.

Gallegos Fedriani resolvió en dos días hábiles un litigio por cerca de 60 millones de pesos a favor de uno de los jurados del concurso de su hijo. Se trata de Jorge Barbagelata, el apoderado de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad. Otro de los jurados era el juez Fernando Lima, que no se excusó pese a que participaban dos empleados de su juzgado. Casualmente, los dos quedaron en los primeros lugares del orden de mérito.

El Consejo de la Magistratura no investigó las denuncias de la UEJN, sino que agregó tres nuevas vacantes al concurso cuestionado para los nueve cargos de secretario. Con esa resolución pasaban a ser doce concursantes para doce cargos y no quedaba nadie para protestar. Pero los jueces Guillermo Treacy, Elena Liberatori y Patricia López Vergara presentaron impugnaciones a la legalidad de la decisión.

Después de tres años de hacer la vista gorda, el Consejo finalmente dio marcha atrás con los cargos extra, pero no hizo lugar a ninguno de los argumentos de los denunciantes. Simplemente interpretó que cuando se tomó la decisión ya no existía el anonimato de los concursantes y se sabía quiénes se estaba beneficiando. Quizá no repararon en ese detalle cuando agregaron los tres cargos.

Los consejeros desestimaron el resto de las irregularidades con argumentos que vale mencionar: primero, sostuvieron que no se podían analizar las denuncias porque “la etapa de procedimiento selectivo se encuentra precluida”. Mencionaron un fallo en contra de la Cámara en lo Contencioso sobre un amparo que presentó una de las concursantes, que si bien “fue recurrido ante el Tribunal Superior del Justicia, los argumentos de la Cámara poseen solidez suficiente como para hacerlos propios”. Sobre los exámenes gemelos destacaron que “sin perjuicio de la eventual verdad de las aseveraciones, lo cierto es que los participantes mencionados han renunciado, por lo que cualquier valoración ha devenido abstracta”.

“Es absolutamente lamentable la posición del Consejo de haber ratificado un acto de corrupción porque los participantes renunciaron. Eso implica que todo el concurso está viciado”, respondió la secretaria general UEJN Capital, Cecilia González de los Santos, que estimó que “sería inútil recurrir a la Justicia de la ciudad por la cantidad de gente que está implicada en esto”.