El proceso de nacionalización de Aerolíneas Argentinas mediante la cesión voluntaria de acciones del grupo español Marsans al Estado argentino parece ser la salida final de la crítica situación de la línea aérea. En diálogo con PáginaI12, el ex representante del Estado en el directorio de Aerolíneas Argentinas Ariel Basteiro contó que a fines de la semana pasada hubo un acuerdo entre el Gobierno, España y Marsans para evitar una confrontación. Basteiro, quien renunció a su cargo a fines del año pasado para asumir como diputado nacional por el Frente para la Victoria, dijo que con esa negociación las otras opciones de intervenir la compañía o reestatizarla mediante un proyecto de ley “no serían necesarias ni inminentes”. Aunque consideró positiva la nacionalización, aclaró que el Estado argentino “no tenía intenciones de hacerse cargo de la empresa, siempre hubiese preferido que cumplieran con las promesas que no cumplieron”.

–¿Cuál es la mejor salida de este conflicto?

–Según las últimas informaciones, el viernes a última hora hubo un acuerdo y se alcanzó la posibilidad de que haya una cesión de acciones y que se le delegue el gerenciamiento y el manejo de la empresa al Estado nacional. Así se terminó generando una negociación que permite evitar una actitud de confrontación con los socios privados y con el Estado español. Aparentemente, la opción de la intervención y del proyecto de ley del Ejecutivo para nacionalizar la empresa no serían necesarias ni inminentes.

Ahora va a haber un inversor que pueda sostener la compañía funcionando y aparte se va a buscar un funcionario que trabaje para el interés de la aerolínea y no de otros. Desde la privatización, Aerolíneas siempre fue administrada por algún gerente que venía de Iberia, American Airlines o Air Comet que terminaban optando por buscar el beneficio de la empresa controlante y no de la controlada.

–Fuentes del Gobierno aseguraron que no hay una intención de mantener la aerolínea en manos del Estado.

–Podría suceder eso o no. Aerolíneas podría correr la misma suerte que Correo Argentino o AySA, sobre las que se dijo lo mismo pero cuando se vio que en manos del Estado funcionaba, satisfacía al usuario y generaba, en algún caso, rentabilidad se la mantuvo dentro de su órbita. El Estado tiene que asumir esa responsabilidad porque es un servicio público. No conozco empresarios que hagan beneficencia. Todo empresario privado va a tratar de invertir lo menos posible y ganar lo más que se pueda. Creo que hoy están dadas las condiciones –con las medidas que se tomaron hace un mes: aumento de tarifas, subsidios, reducción del IVA en el alquiler de aviones– para que el transporte aerocomercial sea superavitario.

–¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno español en la millonaria deuda de Aerolíneas?

–Al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en este caso puntual y en esta última etapa, no le corresponde mucha responsabilidad. Sí le cabe alguna a la administración anterior, del Partido Popular de José María Aznar, que le entregó la compañía al grupo Marsans. No era lógico que se la hubieran dado porque en 2001 había otro grupo argentino que también pugnaba por administrar la compañía. En aquel momento quisieron cubrir su retirada y para eso pusieron empresarios de su confianza. La responsabilidad está ahí: el gobierno de Aznar –y hay una causa abierta en la justicia española– no controló qué se hizo con los 758 millones de dólares que se le entregaron al Grupo Marsans en octubre del 2001. Todos los que seguimos el caso sabemos que, con toda la furia, gastó unos 300 millones de dólares entre el pago de la deuda del concurso, haciendo funcionar la empresa con déficit durante un año y una mínima inversión. Los otros 400 millones nunca entraron en Aerolíneas, nunca se invirtieron ni se gastaron. Ese dinero fue a parar a las arcas de Marsans.

–¿Por qué se permitió llegar a una deuda de alrededor de 900 millones de dólares?

–Anteriormente había muy poco margen para una intervención. El Estado nacional comenzó a tener posibilidades de objetar algo a fines de 2006 cuando se recuperó el 5 por ciento de las acciones y el representante en el directorio volvió a tener el poder de veto que había perdido en los ’90. En el último año se hicieron los pasos consecutivos para terminar en esta instancia. Hubo una segunda negociación a principios de 2008 entre el Gobierno argentino, el español y Marsans, donde se comprometieron a hacer las inversiones necesarias. Iban a volver a traer aviones. Hubo prudencia, el proceso se fue construyendo, el Estado argentino no tenía intenciones de hacerse cargo de la empresa, siempre hubiese preferido que cumplieran con las promesas que no cumplieron.