Esta vez no hubo sobresaltos ni sorpresas. Por unanimidad, el Senado dio media sanción a la creación por ley de una comisión bicameral que investigará la supuesta elusión impositiva que las cerealeras exportadoras habrían cometido con presentaciones anticipadas de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), sin haber efectuado previamente la compra de granos. Una “maniobra fraudulenta” que les permitió congelar la alícuota de retenciones a pagar antes de que el Gobierno las aumentara, embolsando –según las denuncias– unos 1700 millones de dólares en apenas cinco meses. El cordobés Roberto Urquía, dueño de la Aceitera General Deheza, fue uno de los 61 senadores que respaldaron con su voto la investigación parlamentaria, que pone a su compañía bajo sospecha.

Kirchneristas y radicales consensuaron al mediodía sus respectivos proyectos para llevar una iniciativa única al recinto. Aunque el texto volvió a modificarse en el transcurso de la sesión con el acuerdo de todos los senadores. “Esta comisión no tiene facultades judiciales ni vamos a actuar sin autorización de la Justicia. Vamos a actuar con toda la mesura, prudencia, pero con toda la fortaleza necesaria. Estamos ante un hecho complejo, donde hay aproximadamente 1500 millones de dólares que están en discusión”, argumentó el jefe de la bancada K, Miguel Angel Pichetto. El senador rionegrino justificó su constitución con las denuncias realizadas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y la Aduana.

La Comisión Bicameral Especial Investigadora deberá ahora pasar por la Cámara de Diputados, que tiene previsto aprobar su creación el próximo miércoles. La misma tendrá seis senadores y seis diputados, que serán designados de acuerdo con el reglamento de cada cámara legislativa, pero que respetará la proporcionalidad de su composición política.

Una vez que empiece a funcionar, la Comisión Investigadora tendrá un plazo de 90 días –prorrogable por igual período– para solicitar documentación, requerir y recibir testimonios, exigir la exhibición de prueba testimonial y practicar inspecciones y allanamientos en lugares públicos, semipúblicos y privados con autorización de la Justicia. El informe final y sus conclusiones deberán ser presentados y hechos públicos ante el plenario de cada Cámara antes de ser elevado a la Justicia.

El radical Gerardo Morales, coautor del proyecto, fue más generoso para dar crédito a las denuncias que originaron la creación de la comisión. “No se trata solamente de las denuncias realizadas por el Gobierno. También hay legisladores y técnicos de distintos pensamientos que hicieron públicas estas maniobras”, dijo Morales en el recinto. Luego entró en los detalles de la maniobra que les permitió, en las llamadas “operaciones a futuro, congelar el precio internacional y la alícuota de las retenciones”, pagando derechos de exportación mucho menores a los vigentes al momento de embarcar la mercadería.