El gabinete de Mauricio Macri registró ayer una nueva baja, la quinta que se registra en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El ministro Juan Pablo Piccardo desplazó al director de Reciclado, Esteban Lisazo, y designó en su lugar a quien fuera su antecesor –el primer renunciante en esta gestión– Pablo Fornieles, quien literalmente se recicló en el cargo. Con esta movida, la cartera pierde a otro hombre que respondía a los ya desplazados subsecretarios Carlos Tramutola y Gustavo Grasso.

El desplazamiento se produce en medio de un debate clave en la Legislatura sobre el controvertido pliego de licitación por el servicio de recolección de residuos. El martes, Piccardo visitará la Comisión de Obras Públicas de ese cuerpo, donde se someterá a las preguntas de los legisladores. El mismo día, el vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, recibirá al titular de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, uno de los más críticos del nuevo contrato.

Ambientalistas y legisladores opositores cuestionan el sistema de pago por tonelada de basura recolectada en lugar del de “área limpia”, que se emplea actualmente, porque aseguran que beneficia a las empresas y no contribuye a la reducción de la generación de residuos, como establece la Ley de Basura Cero.

Justamente ayer, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó un acuerdo con su par bonaerense, Daniel Scioli, por el cual la ciudad deberá pagar un 20 por ciento más y financiará con 200 millones de pesos dos nuevas estaciones de transferencia de desechos. Los gobiernos acordaron la construcción de dos plantas y centros de gestión integral con una capacidad para tratar seis mil toneladas por día, con el objetivo de darles un destino a los residuos que producen porteños y vecinos del conurbano. También le pedirán a la Ceamse que “desarrolle en sus instalaciones, antes de 2016, otros sistemas y tecnologías que garanticen la protección de la salud y el ambiente” y a reducir la producción de basura.

Ayer, dos organizaciones ambientalistas presentaron una medida cautelar para que el gobierno porteño cumpla con la Ley de Basura Cero, tras los recientes anuncios oficiales sobre el retiro de contenedores para materiales reciclables. El trámite fue realizado por Marcelo Vensentini, presidente de la Fundación Ambiente y Sociedad, y Abel Fatala, titular de Red por Buenos Aires.