El regreso de las calificadoras de riesgo como censuradoras de la política económica y el resucitar de los expertos de la city en pronósticos errados es uno de los costos asociados del fracaso en establecer el sistema de retenciones móviles. El exitoso ejercicio de desinformación aplicado durante cuatro meses en el conflicto con el sector del campo privilegiado ha tenido su estela de continuidad sobre el estado general de la economía. Gran parte de la sociedad urbana quedó convencida de que productores agropecuarios con patrimonios millonarios y ganancias elevadas eran damnificados y estaban cercanos a la quiebra. Ahora muchos de los receptores pasivos de las noticias han quedado atrapados de la percepción que la economía está al borde del colapso, diagnóstico que es martillado con entusiasmo diario por la mayoría de los medios de comunicación. Presentan entonces a ese auditorio atormentado el elenco estable de economistas del establishment como los portadores del saber para evitar la hecatombe, aunque se cuidan en no revelar que están ofreciendo la conocida pócima de la cicuta ortodoxa que han dado de beber no hace mucho tiempo. Los mercaderes de la angustia han vuelto a ocupar el centro de la escena. El riesgo a la debacle va consolidando la sociedad del miedo, donde existen situaciones traumáticas pasadas que abonan el terreno del temor. En este delicado cuadro, el manejo de las expectativas juega un rol fundamental para construir consensos sobre lo que sucede en la economía y para evitar que el círculo vicioso de las exageraciones pueda concluir en profecía autocumplida. La administración kirchnerista hace todo lo necesario para consolidar la posición de los profetas del caos con la intervención obscena del Indec, con la ausencia de un ministro de Economía, con la fragmentación de la política económica y con la pérdida de la consistencia macroeconómica.

Las condiciones estructurales de la economía doméstica y el contexto internacional no ofrecen elementos que adviertan sobre la posibilidad de una crisis. El golpe político al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner luego del debate por los Derechos de Exportación móviles a cuatro cultivos clave parece que hubiera dado legitimidad a pronosticadores sesgados que sólo buscan oscurecer. La torpe colocación de deuda al gobierno venezolano habilitó cerrados análisis sobre la capacidad de pago del país. Afirmar que existe riesgo de default o que habrá graves dificultades para hacer frente a los compromisos inmediatos pese a la existencia de superávit gemelo (comercial y fiscal) y de abultadas reservas en el Banco Central no colabora para mejorar la imagen de esos economistas. Incluso el cronograma de vencimientos de éste y del próximo año es holgado y manejable.

En el reporte La deuda pública tras la manipulación del IPC elaborado en mayo pasado por Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, se destacan todas las críticas que se reiteran en la city sobre el manejo macroeconómico, pero mantiene el rigor en el análisis de los números, virtud que otros cotizados gurúes han archivado hace tiempo. Precisa que “la tergiversación del IPC para que reflejara una inflación del 8,5 por ciento y no una del 17 por ciento, como estimamos para el año pasado, evitó un incremento del stock de deuda pública cercano a los 4800 millones de dólares”. Recuerda que “los favorables resultados del canje de la deuda en 2005 no sólo se visualizan en la reducción del 50 por ciento en el pago de intereses devengados o en alargar el perfil de vencimiento del capital, sino también en transformar una parte importante de la deuda pública en moneda loca”. Reprueba que “en un contexto de genuino desendeudamiento público, el Gobierno manipulando el IPC amenaza con interrumpirlo ante un notable descrédito por la deuda pública nacional, que derivó en una drástica caída de los precios de los títulos, con un consecuente aumento en las tasas de interés y mayores dificultades para acceder a los mercados”. Pero, finalmente, previa manifestación de preocupación porque el Gobierno ha estado colocando deuda a una tasa creciente desde 2006 –hasta el disparatado 15 por ciento de la última emisión a Venezuela– y porque se ha incremento la salida de capitales privados desde el segundo semestre del año pasado, concluye que “el programa financiero de este año y el entrante hasta ahora se muestra lejos de entrar en situación de ‘estrés’ aún contemplando una baja del ahorro público para el 2009”. De todos modos, reconociendo que existen espaldas financieras para afrontar los próximos vencimientos casi sin acudir a los mercados, advierte que “ningún programa financiero es sustentable con tasas de interés como las actuales, sino que tampoco ningún Gobierno puede sobrevivir casi sin acceso a los mercados”.

Pese a que los números son iguales para todos los analistas, la agencia Standard & Poor’s y Moody’s –la misma que en el 2002 degradó la deuda de Japón por debajo de la de Botswana– castigó con una reducción de la nota a la Argentina, que implica dar una señal al mercado que ha aumentado el riesgo de una cesación de pagos. Como el desastre en el Indec legitima cualquier evaluación sobre la marcha de la economía, la amonestación de S&P y Moody’s ha recibido aceptación de la mayoría. Frente a esa recepción entusiasta de esas calificaciones resulta ilustrativo un reciente informe sobre esas compañías del sistema financiero global por parte de la United States Securities and Exchange Commision (la SEC, el ente de regulación del mercado bursátil de Estados Unidos). El documento Summary report of issues identified in the commision staff’s examinations of select credit rating agencies fue realizado el mes pasado y estuvo motivado por el comportamiento de esas agencias en la crisis de proporciones generadas por los créditos hipotecarios subprime. Esas calificadoras asignaron riesgo casi nulo a los bonos con esos activos, mercado que se ha derrumbando provocando la peor crisis financiera del mundo desarrollado después del crac del ‘29. El saldo de la evaluación de la SEC es lapidario respecto a la consistencia, rigurosidad y profesionalidad de esas calificadoras para definir las notas en el ranking de riesgo crediticio. Son 37 páginas que describen con meticulosidad la poca seriedad del trabajo de esas agencias, desde que significativos aspectos del proceso de evaluación no están publicados hasta la identificación de conflictos de intereses entre el cuerpo gerencial de la calificadora con las empresas y bancos a examinar. En la página 12 de ese informe oficial se encuentra uno de los capítulos más reveladores al difundir documentos internos (mails) entre analistas de una de las consultoras analizadas que no se identifica (además de S&P y Moody’s, también Fitch estuvo bajo la lupa de los técnicos de la SEC). Uno de esos ejecutivos reconoce en un mail que su modelo de evaluación no captura la “mitad” del riesgo de la emisión, aunque señala con ironía que la colocación podría estar estructurada con vacas y no-sotros la calificaríamos (“It could be structured by cows and we would rate it”).

Frente a la creciente ola de avivar el fuego y de ofrecer agua incendiaria que predomina en el discurso dominante, el desafío del Gobierno, además de cuestionar a las calificadoras, debería ser articular una estrategia técnica sólida en materia de financiamiento de la deuda (recompra, canje, apertura del mercado de capitales, manejo de la curva de rendimientos, desendeudamiento) con una recuperación del control de la política económica. Esto no implica reiterar el sendero que comenzó en el 2002 con un “dólar caro”, sino que desde esa misma base se necesita pasar a una segunda etapa más compleja que requiere abandonar la estrategia “Mr. Magoo”, como la definieron los jóvenes economistas reunidos en el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), para evitar que el manejo de la economía quede en manos de un “Guasón”.

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