La Cámara en lo Contencioso y Administrativo rechazó en duros términos las recusaciones que había interpuesto la gestión de Mauricio Macri al juez Roberto Andrés Gallardo. Sus Señorías hicieron varios señalamientos sobre la independencia del Poder Judicial y le marcaron al procurador Pablo Tonelli que su comportamiento “conlleva en la práctica el apartamiento del juez natural en el trámite de todas las causas donde aquél sea parte”, dado que todos los expedientes del fuero contencioso involucran al gobierno porteño. Desde la Procuración no se dieron por vencidos: apelarán la resolución de los camaristas ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, donde esperan tener la revancha.

Los camaristas Eduardo Russo, Mabel Daniele y Esteban Centanaro fallaron en un solo caso, pero su decisión caerá como una catarata en las otras 762 causas, lo que implica una derrota judicial para Macri en una avanzada que no tenía precedentes. Comenzó luego de que Gallardo citara al jefe de Gobierno y a sus funcionarios a una audiencia para que explicaran por qué habían incumplido las órdenes judiciales de enviar médicos a un centro de refugiados en Parque Roca, donde sobreviven cerca de 400 familias de Villa Cartón y donde murió un bebé de 4 meses por falta de atención médica.

Macri y sus ministros faltaron a la audiencia, por lo que Gallardo allanó siete dependencias del gobierno porteño. Ese mismo día, el procurador le inició al juez una querella por daños y perjuicios a raíz de un embargo de 14 millones que el magistrado había dispuesto en una causa por los terrenos de Casa Amarilla. Una ley establece que en esas tierras se deben construir viviendas sociales, pero el jefe de Gobierno dispuso no hacerlas y todo indica que se encamina a entregárselas al club Boca Juniors. Tonelli planteó que, con el embargo, Gallardo les hizo perder 140 mil pesos en intereses. A partir de esa querella, el procurador recusó a Gallardo masivamente. La medida cosechó el repudio de la oposición, las organizaciones sociales, los curas villeros, los organismos de derechos humanos y las asociaciones de abogados y jueces. El martes, Tonelli tuvo que ir a dar explicaciones a la Legislatura, donde se cultivan nuevas iniciativas para pedirle que abandone el cargo (ver aparte).

Las 762 recusaciones se repartieron entre las salas I y II de la Cámara en lo Contencioso. La primera todavía no falló, pero es probable que no se aparte del criterio de los otros camaristas (de hecho, Centanaro interviene en las dos salas). La Sala II consideró que la querella por daños y perjuicios debía ser anterior a los juicios que instruye Gallardo, ya que si no cualquiera podría presentar una querella y luego recusar a juez usándola como fundamento.

Sus Señorías advirtieron que “el 99,54 por ciento” de las causas que instruye Gallardo implican al gobierno porteño. “La consecuencia sería privar a dicho juez de una porción más que sustancial de la jurisdicción que le ha sido conferida”, indicaron. Y advirtieron que lo que buscaba Tonelli “podría llevar no sólo al vaciamiento de la competencia constitucionalmente atribuida al juez”, sino a la “clara afectación del servicio de justicia” por la demora en las causas.

“Tampoco podría admitirse que el recusante, por vía elíptica, pretenda seleccionar las causas en las cuales el magistrado deberá entender y aquellas en las que deberá apartarse”, dijeron en referencia a que a Gallardo lo recusaron para las apelaciones –que son las que le molestan a Macri– y no en las ejecuciones fiscales. Además, le plantearon que no aportó prueba alguna.

El texto del fallo dejó un mensaje claro: los camaristas citaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso en el que se refiere a la independencia del Poder Judicial. Las 700 causas que instruía Gallardo, que incluyen problemáticas sociales, seguramente seguirán en suspenso por un mes. Es el tiempo que tardarán en notificar a cada juez que devuelva los expedientes al juzgado del que salieron en masa.