Por tercer año consecutivo, más de 500 jueces de todo el país se reunirán hoy y mañana en un majestuoso evento para discutir y hacer catarsis sobre los que consideran sus problemas más acuciantes. Esta vez, “Sus Señorías” pondrán en el “banquillo” los métodos por los cuales son elegidos y también removidos. “Los concursos hoy no son transparentes. El oficialismo digita todo. Cuando no les gustan los candidatos, demoran la cobertura de vacantes. La acusación se usa como forma de presión, con denuncias que mantiene abiertas largo tiempo”, dispara Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, en alusión al Consejo de la Magistratura nacional. Esa será parte de su planteo en esta nueva Conferencia Nacional de Jueces. La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) llevará un estudio comparativo de los sistemas de cada provincia. “Nos preocupa la alta injerencia de los sectores políticos en los organismos que eligen a los jueces: superan en promedio al 40 por ciento de su composición”, advierte Abel Fleming, titular de la entidad.

Aunque el temario está elegido desde hace rato, la controvertida anulación del concurso para dos juzgados federales porteños –los que investigan al poder político– que resolvió la semana pasada el Consejo de la Magistratura, recalentó el ambiente. Fue un caso emblemático de concurso dilatado: comenzó en 2005, sus plazos vencieron en mayo de 2006 y ahora volvió a cero. Los argumentos para la anulación, promovidos por la diputada kirchnerista Diana Conti, fueron las bajas notas de los postulantes (más de la mitad no llegó a cuatro) y la “excesiva demora”, obra de los propios consejeros. Si embargo, en otros concursos, como el de la Cámara Federal, las notas fueron peores.

“Es la lógica que el oficialismo aplica a todo: no le gustaban los candidatos, demoró el concurso y terminó anulándolo. Piensan que es más fácil manejar a un juez subrogante que a uno definitivo”, acusó Recondo en diálogo con Páginai12. La Asociación de Magistrados, además, denunció que la decisión requería diez votos pero se tomó con nueve. “En la Conferencia voy a reclamar transparencia y que no nos mantengan las denuncias abiertas como forma de presión, algo que me está pasando a mí”, anunció.

La Conferencia es convocada por la Corte Suprema y tres entidades nacionales que nuclean a los jueces: la Asociación de Magistrados, la Federación Argentina de la Magistratura y la Junta Federal de Cortes. Sesionará en un complejo de nombre poco feliz: “Dinosaurio” se llama. El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, impulsor de estos encuentros, lleva una larga lista de preocupaciones sobre la independencia judicial. Pero, según comenta entre sus colaboradores, “la acusación excesiva y una cierta desnaturalización del juicio político” lo perturban en especial. Antes de viajar se habría interesado por lo ocurrido con el juez en lo contencioso porteño, Andrés Gallardo, querellado y recusado en todas sus causas (763) por el Gobierno porteño (ver página 12). Gallardo instruye los expedientes que implican controlar a la administración macrista. El magistrado estará en la Conferencia y su caso sería tratado.

“Los propios jueces no deberían opinar sobre cómo los eligen o cómo los acusan”, se quejó el senador kirchnerista Nicolás Fernández en la reunión de la Comisión de Acusación de la Magistratura, la semana pasada. Pidió, en consecuencia, que si iba algún representante del organismo al megaevento, lo hiciera en carácter meramente protocolar. “No veo por qué no podrían opinar los jueces. En todo caso, no deberían actuar como si la responsabilidad sobre lo que ocurre en los concursos fuera de otros. Ellos tienen a sus representantes en el Consejo y son tan responsables como los demás en las demoras y manejos”, sostuvo la abogada María Julia Pérez Tort, integrante del Observatorio del Poder Judicial, experta en monitoreos a la Magistratura. El abogado Beinusz Szmukler, quien como ex consejero conoce los vericuetos del organismo, coincidió: “Todos los consejeros, digo políticos, jueces y abogados, están al tanto de los trámites. Sucede que hay acuerdos entre ellos, intercambios de favores o a veces simplemente prefieren evitar conflictos”.

Según el reglamento de la Magistratura, desde que los postulantes rinden el examen los consejeros tienen noventa días para elevar una terna de candidatos al Gobierno, más 60 días de prórroga. Ahora hay 59 concursos en trámite para cubrir 135 vacantes. Según datos del Observatorio del Poder Judicial, al menos en 11 concursos (para 26 cargos) se vencieron todos los plazos posibles. Otros 16 vencen antes de 2009.

Entre estos trámites demorados hay un denominador común: predominan juzgados y tribunales federales (que llevan causas de corrupción, narcotráfico y derechos humanos) y del fuero contencioso administrativo (los que tienen juicios contra el Estado). Uno de los concursos más viejos es para la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, que debe juzgar la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia (con Carlos Menem a la cabeza) no tiene jueces titulares. Para dos de esos cargos, los plazos vencieron hace más de un año. El juicio tenía que empezar en junio, pero se postergó, entre otras cosas, porque siempre falta un subrogante dispuesto a llevarlo adelante. En el fuero federal porteño hay cuatro tribunales orales con seis sillas vacías. Son tres las vacantes en la Cámara Federal de Córdoba. Todavía se debe nombrar, íntegra, la nueva Cámara de Casación. Y la lista sigue.

Para mostrar el panorama en las provincias, la FAM llevará un estudio sobre los organismos de selección y remoción de jueces del país. Uno de sus resultados muestra que la representación política supera al 40 por ciento de la composición de los consejos de la magistratura y es del 45 por ciento promedio en los jurados de enjuiciamiento. “En ciertas provincias como en la Ciudad Autónoma, las mayorías para tomar las decisiones son de dos tercios, con lo cual la representación política puede bloquear cualquier decisión. Esto obliga a negociar con el poder político”, ilustró Fleming, titular de la Federación.

Como ejemplos alarmantes, Fleming agregó que en Neuquén el Consejo directamente tiene mayoría de representantes legislativos (cuatro sobre siete); en Tucumán, una reforma constitucional delegó al Poder Ejecutivo la conformación y reglamentación del órgano de selección y acusación; en Salta los jueces de la Corte duran seis años y si el gobierno de turno no los quiere, los cambia; el gobierno de Chubut impulsó y logró la destitución del procurador, Eduardo Sesame. En su conferencia del año pasado los jueces hicieron una autocrítica por sus propias demoras y otras tantas fallas. Esta vez parecen más inclinados a cargar las tintas sobre otros. En el encuentro que comienza hoy el eje será “la independencia”, o sea, qué hace falta para que un juez sea independiente además de su decisión personal (que no es poco). Por eso, además de la selección y acusación de magistrados, se hablará de los regímenes jubilatorios excepcionales que se utilizan en ciertas provincias para “limpiar” los tribunales y de algo tan difuso como el “status institucional” de los jueces. Una vez más, reclamarán autonomía presupuestaria con respecto al Poder Ejecutivo.