El jefe de la Armada, Jorge Godoy, fue indagado como imputado en la causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar de Trelew. Godoy está acusado por haber firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) 2005, en el que a través de los conceptos de “amenazas asimétricas” y “comunicación institucional” avaló la inteligencia interna. Cuando el almirante pidió ser el primero de la cúpula en declarar, argumentó que era la máxima autoridad y debía ser el que diera las explicaciones. Algunos se imaginaron que les iba a dar una señal a quienes están bajo su mando y que continuarán visitando al juez Hugo Sastre en los próximos días. Sin embargo, en sus respuestas no se hizo cargo de ninguna de las directivas y terminó por deslindar toda la culpa sobre sus subalternos.

Godoy llegó puntual a los tribunales de Rawson en un auto particular, a las 9 de la mañana. No salió hasta pasadas las 12.30. Comenzó con un discurso extenso y después contestó a la mayoría de las preguntas del fiscal federal Fernando Gelvez. Quien se ocupó de hacer la mayoría de las objeciones fue su abogado defensor: el penalista Juan Rodríguez Estévez, que es secretario de Fores, la ONG que hizo campaña contra los jueces Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay y que a comienzos de la democracia pidió que se mantuviera a los jueces de la dictadura.

Como adelantó PáginaI12, el almirante se amparó en un decreto que firmó en su último año de gobierno el presidente Carlos Saúl Menem y que no fue derogado hasta 2006, cuando se conoció el caso de espionaje ilegal. Presentó ese decreto, entre una serie de leyes y directivas que el marino asegura que lo habilitaban a escribir el PBIN 2005. También le entregó al juez una serie de discursos que dio a lo largo de su carrera –fue el primero en hacer una autocrítica cuando se entregó la ESMA– y aseguró que en su fuerza existe “un problema cultural” que él siempre quiso cambiar. Sostuvo, además, que eso le trajo problemas de conducción.

Para reforzar el perfil político de su declaración, Godoy mencionó que firmó distintos convenios con la Corte Suprema y con la CIDH en materia de derechos humanos. “Pero, ¿de cuándo son esos convenios?”, le preguntó el fiscal y el almirante tuvo que reconocer que la mayoría son posteriores al escándalo del espionaje ilegal. Lo que se dice, un lavado de cara.

El almirante aseguró que no dio ninguna orden que fuera contra la ley y contra la Constitución y que todo lo que hizo como jefe de la Armada se basó en respetar el marco legal. No reconoció ninguno de los documentos en los que se ordenaba hacer inteligencia ilegal, ni siquiera el que disponía hacer espionaje a todos los políticos de Puerto Madryn poco antes de que él fuera a refrendar un convenio para ceder unas tierras al municipio. Entre otras preguntas, el fiscal le reclamó una resolución del Estado Mayor sobre contrainteligencia que aparece en el sumario militar y que podría haber sido firmada por Godoy. El almirante dijo no recordar si la había firmado y prometió acercarla al tribunal.

Lejos de la versión naïf que presentó Godoy, la denuncia que hizo el CELS lo complica en la causa que se inició en marzo de 2006 y en la que ya están procesados doce marinos. La Justicia comprobó que en distintas bases navales había fichas que involucraban a políticos, sindicalistas y organismos de derechos humanos. El CELS señaló que la inteligencia se hizo bajo una directiva de Godoy que define como objetivos al “narcotráfico, terrorismo internacional y cualquier otra cosa que como tal se manifieste” y ordena producir “inteligencia psicosocial para contribuir al prestigio institucional y para actuar en forma preventiva y defensiva”. También señaló que, según los documentos de la marina, el objetivo de la inteligencia es proveer información a su vértice: el jefe de la Armada.

En marzo de 2006, la ministra de Defensa, Nilda Garré, separó a dos de las autoridades de la Armada apenas fueron citadas a indagatoria. Hasta ahora no definió qué hará con Godoy y el resto de la cúpula. Mañana deberán presentarse para ser indagados el segundo de la fuerza, Benito Rótolo, y el jefe de la base Almirante Zar, Luis Fajre.