El canciller Jorge Taiana consideró “una flagrante violación de los mandatos de las Naciones Unidas” la aprobación por parte del Reino Unido de una nueva Constitución para las Islas Malvinas que precisa los poderes que tendrá de ahora en más el gobernador del archipiélago y desconoce por completo los reclamos argentinos. La Cancillería elaboró una nota de protesta formal que ayer le fue entregada al encargado de Negocios de la embajada británica en Buenos Aires, Andrew Jackson.

“El gobierno argentino ha presentado una nota de protesta formal ante el Reino Unido y denunciará ante la comunidad internacional esta violación de la soberanía argentina y el derecho internacional”, sostuvo el canciller Taiana. Agregó que “el único objetivo que, en definitiva, persigue el Reino Unido otorgando y aprobando lo que denomina ‘reformas’ es perpetuar una anacrónica situación colonial”.

Lo que enojó tanto al canciller fue la nueva Constitución de las Malvinas que entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2009 y que, al decir del Foreign Office –la Cancillería británica–, servirá para “reforzar la democracia” en las islas. La anterior Constitución databa de 1985 y, declararon ayer, se había vuelto necesario modificarla porque “el mundo ha cambiado y las Falkland se han desarrollado considerablemente”.

Entre otras modificaciones, el texto constitucional permite ahora al gobernador de Malvinas no seguir las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en materia de asuntos exteriores, seguridad interna, administración de justicia y gestión de los servicios públicos.

La viceministra de Relaciones Exteriores británica, Gillain Merron, se encargó de subrayar que el nuevo texto “no cambia el compromiso global del gobierno británico con las islas como un territorio de ultramar”. “Tampoco –añadió– cambia el derecho a la autodeterminación, fundamental para nuestra relación con todos nuestros territorios de ultramar.”

Merron concluyó sus declaraciones, que ayudaron mucho a la irritación que se palpaba ayer en el Palacio San Martín, asegurando que la nueva Constitución “fortalece la democracia local, al tiempo que mantiene suficientes poderes para que el gobierno británico proteja los intereses británicos y asegure la buena gobernabilidad global del territorio”.

Taiana consideró la medida tomada por el gobierno británico como “una clara muestra del carácter colonial de la relación de la metrópoli con los súbditos de su colonia, por más que el Reino Unido se empeñe en evitar el uso de ese término utilizando sinónimos menos irritantes en pleno siglo XXI”.

En la nota de protesta que la Cancillería entregó al funcionario de la embajada británica se dice que “la pretendida ‘Constitución’ adoptada por el gobierno británico refiere al principio de libre determinación de los pueblos, que resulta totalmente ajeno, y en consecuencia inaplicable, a la disputa de soberanía” entre Argentina y Gran Bretaña por las islas. Añade que así ya lo han reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Descolonización.

No vienen siendo buenos tiempos para la histórica disputa que argentinos y británicos mantienen por las islas. En mayo del año que viene vence el plazo para que los países que cuentan con costas marítimas presenten sus reclamos de extensión de las actuales 200 hasta las 350 millas ante la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convemar). A través de los diarios británicos, el Foreign Office ya hizo trascender sus pretensiones que, en lo que se refiere a Malvinas, se expandía hacia la plataforma continental argentina. La Cancillería advirtió entonces que objetaría cualquier presentación británica que incluyera a las islas y aclaró que también estaba preparando su presentación, que incluía un reclamo de extensión de derechos sobre el lecho marítimo argentino.

Nuevas tormentas que se avecinan.