El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la declaración indagatoria del ex vicepresidente Carlos Ruckauf, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos cuando presidía el Senado de la Nación. Según el fiscal, entre agosto de 1995 y noviembre de 1999, Ruckauf sustrajo 2 millones 600 mil pesos y atribuyó al ex gobernador y a quien fuera su secretaria administrativa en la Cámara alta, Matilde del Valle Guerrero, el delito de peculado. El pedido ahora deberá ser resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide.

La causa se inició en el 2000 por una denuncia de un abogado, quien presentó ante la Justicia tres planillas presuntamente originadas en el Senado de la Nación, con el detalle de gastos reservados por sumas millonarias del ex titular del cuerpo Ruckauf.

La investigación estuvo originalmente a cargo del juez federal Adolfo Bagnasco, pasó luego por Guillermo Montenegro y finalmente recayó en Oyarbide, en su carácter de subrogante del juzgado número siete.

Según aquella documentación, mensualmente la presidencia del Senado a cargo de Ruckauf durante la segunda presidencia de Carlos Menem, recibía sumas “nunca menores a 50 mil pesos” y en determinados meses incluso muy superiores. A modo de ejemplo, la denuncia especificaba que, según la documentación que ya está agregada en el expediente, en julio de 1997 la presidencia de la Cámara Alta percibió 220 mil pesos y en diciembre de ese mismo año, 180 mil. Esos fondos responderían a “erogaciones reservadas”, según la documentación.

El fiscal sostuvo en su pedido que durante la gestión de Ruckauf al frente del Senado “se verificaron serias irregularidades que permitieron la sustracción de una parte importante de esas partidas”.

Pollicita recordó que desde 1984 hasta 2000, cuando fueron suprimidas por el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, el Senado dispuso de erogaciones reservadas que destinó a los bloques parlamentarios “para asegurar el normal desarrollo de sus funciones” y una “retribución adicional extraordinaria” para cubrir la falta del sueldo anual complementario.

Pero, a partir de 1995 y mientras Ruckauf ejerció la presidencia del Senado “se implementó –consignó el fiscal– un mecanismo irregular a través del cual el nombrado se apropió de una parte importante del dinero en cuestión”, con el retiro de sumas mensuales que oscilaban entre 50 mil y 150 mil pesos.

La operatoria, de acuerdo al dictamen presentado a Oyarbide, consistía en que, mediante órdenes por teléfono, la Tesorería del Senado de la Nación recibía indicaciones para preparar el dinero a entregarle a Guerrero en concepto de erogaciones reservadas. Guerrero firmaba entonces un recibo que –salvo en una ocasión– era reemplazado por otro suscripto por el presidente del Senado.

“Ruckauf, en su carácter de presidente del Senado Nacional, montó un dispositivo de sustracción de dinero casi institucionalizado, para el cual se utilizaron la infraestructura y los funcionarios estatales con la intención de darle una fachada de legalidad, pero que se trataba en realidad de un sistema de apropiación de fondos públicos”, agregó Pollicita.

Un desprendimiento de la causa implicó a los ex senadores Jorge Massot, Carlos Verna, Emilio Cantarero, Osvaldo Sala y Máximo Tell “ante la posibilidad –según el dictamen– de que los nombrados se hubieran enriquecido ilícitamente como consecuencia del irregular manejo de los fondos reservados” de la cámara alta.

El Código Penal reprime con penas de dos a diez años de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua al “funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.